Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Por razones que no cuesta mucho comprender, al Poder Ejecutivo, o más precisamente a la fracción nacionalista que predomina en él, le incomoda impulsar y apoyar la participación de organizaciones populares en las políticas públicas. El ejemplo más reciente fueron, ayer, los anuncios del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, sobre el modo en que el Estado canalizará su aporte a las ollas populares y merenderos.
Se trata, como sabemos, de esfuerzos solidarios que se han intensificado ante la crisis asociada con la emergencia sanitaria. Son cerca de 300 las ollas populares en Montevideo, y acuden a ellas unas 44.000 personas. Las llevan adelante grupos de personas que aprenden, con esa experiencia, no sólo a resolver el problema específico que las convoca, sino también a organizarse para decidir y actuar juntas.
El Poder Ejecutivo podría, simplemente, ayudar a quienes realizan esos esfuerzos, pero las decisiones anunciadas por Bartol indican que hay una clara voluntad de modificar la realidad actual, para que se adecue a los criterios oficialistas. El ministro lo llama “una nueva forma de vinculación del Estado con la sociedad”.
A quienes han construido con su militancia las redes de solidaridad se les coloca la vaga etiqueta de “referentes barriales”, y acto seguido son equiparados con la figura de los “mentores” cuya necesidad postula Bartol, desde la campaña electoral de 2019, para promover “la superación individual” de las personas más vulnerables. En la teoría y en la práctica, su modelo implica no sólo una apuesta prioritaria a la motivación personal, en desmedro de los procesos colectivos, sino también una considerable reducción de los aportes de especialistas.
A esto se suma la inclusión en el dispositivo, como intermediaria entre el Estado y las ollas y merenderos, de Uruguay Adelante, una institución privada con criterios empresariales de “eficiencia” y “control de calidad”. Esto último sólo en Montevideo; en el resto del país, como ha ocurrido con otras políticas del Ministerio de Desarrollo Social, la gestión de recursos quedará a cargo de las intendencias (que probablemente, en más de un caso, elegirán sus propios agentes privados de intermediación).
Según Jesús Graña, uno de los dos creadores de Uruguay Adelante, el gobierno encontró, “a través de una organización privada, la manera de transformar dinero en comida sin que en el camino se pierda dinero en salarios”. La institución emplea trabajo voluntario, pero Graña dijo al semanario Búsqueda que la idea es formar en el futuro una fundación que pague salarios y pueda descontar impuestos por las donaciones recibidas. Así se completaría la metamorfosis.
La ideología no sólo transforma las políticas sociales, sino que a menudo también modifica su propia imagen, según la ocasión. En el discurso presidencial, adoptar nuevas medidas de restricción de la movilidad para reducir los contagios de covid-19 sería establecer “un Estado policíaco” y atentaría contra libertades sagradas. Sin embargo, el oficialismo se dispone a aprobar la semana que viene un proyecto que penalizará con prisión a quienes violen las medidas vigentes.
Hasta el lunes.