Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Desde que Luis Lacalle Pou asumió la presidencia, se ha mostrado decidido a cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vigente, eliminando una serie de disposiciones resistidas por los grandes empresarios del sector y aceptando varias de sus demandas.
El avance del proyecto en esta materia se demoró por discrepancias planteadas desde Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), pero el Poder Ejecutivo ya envió un texto ajustado, y el Partido Nacional espera que la Cámara de Representantes lo apruebe el mes próximo.
Persisten algunas diferencias dentro del oficialismo, pero la nueva norma que se perfila implica considerables retrocesos en relación con la actual. Entre ellas, una tolerancia mucho mayor a la concentración de la propiedad de medios, y la eliminación de los organismos independientes de fiscalización, de los mecanismos previstos para dotar de transparencia a las adjudicaciones y del pago de los canales de televisión por el uso de frecuencias.
“Sabemos que las mayorías mandan”, dijo el diputado frenteamplista Javier Umpiérrez, pero señaló que las coincidencias dentro del oficialismo marcan una orientación que su partido está muy lejos de compartir. Lo que habría que preguntarse es si resulta conveniente para el país que el marco legal en esta materia pueda variar junto con la mayoría simple en el Parlamento.
Si fuera necesaria una proporción mayor de votos en cada cámara (o si la sensatez de los partidos los hiciera asumir que lo mejor en esta materia es definir políticas de Estado), la ley vigente quizá no sería como el Frente Amplio, con discrepancias internas, quiso. Pero tampoco su reforma podría ser la que el actual oficialismo, también con discrepancias internas, quiera.
La LSCA que está en vigor tardó mucho en redactarse, debido a un largo proceso de diálogo con los sectores involucrados. Luego José Mujica, desde la presidencia de la República, expresó fuertes reparos al proyecto, que se terminó aprobando al final de su mandato (en los últimos días de 2014), pero cuya reglamentación quedó en suspenso por mucho tiempo durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, y que no ha llegado a ser aplicado plenamente.
El diálogo previo y los acuerdos formalmente alcanzados no impidieron que, cuando la norma se aprobó, las grandes empresas del sector presentaran recursos de inconstitucionalidad contra muchos de sus artículos. La Suprema Corte de Justicia les dio la razón sólo en algunos aspectos, y ahora Lacalle Pou los respalda en varios otros.
Esto viene acompañado por una dinámica muy inconveniente en la discusión oficialista. El presidente sabe que, como en cualquier otro tema, no puede lograr la aprobación de una ley sin los votos del PC y CA en el Parlamento, pero eligió mantener negociaciones directas con representantes de los canales privados, y ahora les traslada a sus socios el peso de aparecer enfrentados a los grandes medios de comunicación.
Esto puede tener consecuencias relacionadas, entre otras cosas, con la fijación de precios para publicidad en la próxima campaña electoral. No sería, por cierto, la primera vez que, en ese terreno, favor con favor se pagara.
Hasta mañana.