Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hay varias dudas no aclaradas acerca del acuerdo del Poder Ejecutivo con Katoen Natie (KN), que extendió hasta 2081, por decreto, la concesión a esa empresa de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.
En primer lugar, hubo una negociación luego de que KN hiciera saber que tenía la intención de demandar al Estado uruguayo por 1.500 millones de dólares. En qué argumentos se habría apoyado esa demanda y cuál habría sido realmente la suma exigida no lo sabemos, pero el Ejecutivo consideró demostrado de antemano que la empresa ganaría en un eventual juicio, y acordó extenderle la concesión para evitar un daño hipotético.
En segundo lugar, la presunta ventaja de evitar una demanda coloca al Estado en peligro de que se presenten otras por parte de empresas que también tienen intereses en el negocio y se consideran, en forma atendible, perjudicadas. Entre ellas, para empezar, Montecon, formada por empresas de Canadá y Chile, que invoca los tratados de protección de inversiones firmados por Uruguay con esos países.
Los senadores del Frente Amplio (FA) ya han realizado pedidos de acceso a la información pública, entre otras cosas para conocer los informes jurídicos que manejó el Poder Ejecutivo, saber si el Tribunal de Cuentas analizó la modificación del contrato con KN, y recibir todos los expedientes administrativos estatales acerca del acuerdo.
Ahora el Partido Colorado (PC), después de analizar el asunto en su Comité Ejecutivo Nacional, decidió plantearle al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que considera necesario establecer la concesión mediante una ley, para “blindar jurídicamente” el acuerdo ante probables reclamos. Esto también requiere algunas aclaraciones.
De poco serviría, para impedir una demanda o tener las de ganar si se presenta, poner en una ley lo mismo que ya se resolvió mediante decretos. Las autoridades coloradas señalaron que las resoluciones del Ejecutivo les crean “dudas” desde el punto de vista legal y mencionaron, con delicadeza, la conveniencia de “subsanar eventuales flancos jurídicos”; en otras palabras, la idea es corregir los términos, porque se evalúa que ponen al Estado en una posición vulnerable.
Da la impresión de que el PC, sabiendo que el presidente Luis Lacalle Pou es un poco reacio a reconocer que se equivocó y aceptar que le enmienden la plana, optó por un planteamiento diplomático.
Además, el senador frenteamplista Charles Carrera señaló en este medio que en su opinión el entendimiento del Ejecutivo con KN implica concederle, de hecho, un monopolio. Esto no se puede hacer mediante un decreto, sino que requiere una mayoría parlamentaria especial de dos tercios de los componentes de cada cámara, según lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución.
De esto último se desprende, aunque Carrera no lo dijo expresamente, que ni siquiera bastaría con el apoyo de todo el oficialismo a un proyecto de ley, sino que también sería necesario el del FA. No estaría mal, ya que la concesión por 60 años más de una actividad estratégica justifica la búsqueda de acuerdos amplios para una política de Estado.
Hasta mañana.