Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El caso del comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Maldonado, preocupa por partida doble.
Por un lado están los delitos imputados al jerarca, que son varios y graves. La apariencia delictiva de sus actos es tal que el juez Vital Rodríguez consideró que correspondía su prisión preventiva durante 90 días, porque existía una posibilidad cierta de que manipulara evidencia. En este terreno, es positivo que el sistema judicial actúe, pero es negativo que los hechos hayan llegado a producirse, y quizá se haya asignado una responsabilidad importante a una persona que no ofrecía todas las garantías para desempeñarla bien.
Por otro lado está la cuestión de los vínculos del comisario con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que implicaron la solicitud de información reservada y de favores personales por parte del político colorado, según prueban conversaciones grabadas en el marco de la investigación.
No fueron sólo solicitudes. Pereira accedió en varias ocasiones a ellas, con lo que le dio a Cardoso un trato preferencial. Este es uno de los motivos por los que fue imputado, ya que dar órdenes a subordinados suyos para que hicieran lo que el ministro pedía constituye un abuso de funciones.
En cuanto a las responsabilidades del solicitante, hay que tener en cuenta el Código de Ética en la Función Pública, establecido por la Ley 19.823, pero también –sin mayúsculas ni ley– criterios éticos básicos y simples para la función pública. El fiscal Jorge Vaz sostiene que Cardoso no cometió ningún delito, porque cuando le pidió favores a Pereira lo hizo en el marco de una larga amistad entre ambos, sin poner en juego su condición de ministro.
Los expertos en temas jurídicos pueden y deben discutir si esa circunstancia exime a Cardoso de responsabilidades legales. Con independencia de esto, es muy claro que el ministro le pidió al comisario que se apartara de lo que marcan las normas. Aunque no lo hubiera hecho presionándolo con su poder político, hay dos cosas que resultan obvias: Cardoso sabía que le solicitaba un trato preferencial indebido, y varios de los actos que pueden llevar a la condena de Pereira ocurrieron porque su amigo se los pidió.
Además, no es tan obvio que en este asunto haya incidido sólo la amistad. El propio fiscal Vaz señaló que Pereira hacía “alarde” de que era “intocable” porque un ministro lo había colocado en el cargo. Si ese ministro fue, como parece por lo menos probable, Cardoso, había una cuestión de poder político en juego.
La bancada parlamentaria del Frente Amplio reclamó la renuncia del ministro, con el argumento de que, pese a la opinión del fiscal, sí hizo un “uso abusivo” de su cargo, en beneficio propio o de terceros, violando, por lo tanto, la mencionada Ley 19.823. Y si no se produce la renuncia, evaluará una interpelación. A su vez, legisladores de los partidos Colorado y Nacional defendieron a Cardoso invocando la opinión de Vaz.
Una cosa es la discusión jurídica y otra, el debate político. Pero hay un tercer criterio en juego, que corresponde al terreno ético. Si Cardoso no fuera ministro, estaría muy mal lo que hizo; como es ministro, está peor.
Hasta el lunes.