Legisladores del Frente Amplio (FA) solicitaron la renuncia del ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras conocerse que le pedía “información reservada y favores” a Fernando Pereira, un jerarca policial de Maldonado que fue imputado con prisión por cinco delitos el miércoles. Varias figuras de la oposición manifestaron su rechazo al accionar del ministro, por considerar que hizo un “uso abusivo” de su cargo público para favorecerse a sí mismo o a terceros.

Desde el Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el gobierno se expresaron distintas voces respaldando al ministro y restando trascendencia a su accionar. En horas de la noche ocurrió una conversación entre Cardoso y el presidente Luis Lacalle Pou, según consignó Telemundo con base en fuentes del Ejecutivo. El mandatario quedó satisfecho con las explicaciones brindadas, se informó.

Desde el FA, en la tarde del jueves la bancada de legisladores emitió una declaración en la que señalaron que los audios en los que se escucha a Cardoso recibiendo información reservada y realizando solicitudes particulares al excoordinador ejecutivo de la Policía de Maldonado, “claramente” contravienen el artículo 12 de la Ley 19.823 (Código de Ética de la Función Pública). Por lo tanto, consideran que Cardoso “debe renunciar a su titularidad del ministerio”, porque “ha utilizado su investidura para obtener beneficios para sí o para un tercero, no cumpliendo con los procedimientos legales correspondientes”.

Además, los legisladores del FA subrayaron que de la investigación fiscal “surge probado que se está llevando un subregistro de delitos de abigeato, que lleva a suponer sea parte de una política general del gobierno para maquillar las estadísticas de delitos”. “En un año y medio de gobierno se han constatado múltiples hechos que denigran la función policial: denuncias de persecución a policías por denunciar actos de corrupción, altos jerarcas procesados y diversos abusos policiales”, agregaron.

Por último, indicaron que “el compromiso por la transparencia, la lucha contra la corrupción y la ética en la función pública no puede ser sólo un eslogan de campaña”. “¡Es hora de hacerse cargo!”, finalizó el texto. Según pudo saber la diaria por un legislador del FA, si Cardoso no renuncia al ministerio, evaluarían cursar un pedido de interpelación. 

Por otra parte, si bien el fiscal del caso aclaró que Cardoso no está siendo investigado, el senador del FA Charles Carrera opinó en Telemundo, “como profesional del derecho”, que “si el fiscal está imputando un delito de abuso de funciones al policía, aquí el ministro actuó como coautor”. “Hay situaciones en las cuales el ministro en forma expresa hace un uso abusivo de su cargo, hace una ostentación de su cargo público, pidiendo y ordenando”, añadió.

A su vez, el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, dijo a la diaria que “más allá de los aspectos legales, hay un problema que se refiere a la ética en la función pública”, y que desde ese punto de vista el caso “es totalmente impresentable, y debería haber una conducta correspondiente a eso”. Para Rubio, el accionar de Cardoso mancilla “el prestigio de la función pública”, y sostuvo que este tipo de acciones “no se deben dejar pasar, porque gastan o desprestigian el sistema político”. “No creo que eso pueda ser conveniente y sano para la vida política y democrática”, afirmó.

En la misma línea, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez escribió en Twitter: “Un ministro de Estado le pedía favores a un jerarca de la Policía corrupto: datos sobre casos específicos donde estaban involucrados amigos, entre otros. Germán Cardoso debería renunciar por violar las normas de la ética de la función pública. Debería renunciar por vergüenza”.

Este jueves, en declaraciones a Informativo Sarandí, Cardoso alegó que las conversaciones que mantenía con Pereira se debían a su vínculo personal y negó que fueran para pedirle favores relacionados a su cargo en la Policía, como señaló el fiscal del caso, Jorge Vaz. “Yo lo que hice fue llamar para denunciar hechos delictivos, no para mi beneficio personal, no obtuve ninguna información para mi beneficio personal”, subrayó. Hay nueve llamadas entre 2020 y 2021 entre ambos, en las que el ministro le solicitaba, entre otras cosas, los datos de un número telefónico desde el que habían hecho una estafa a su madre, o lo consultaba sobre la espirometría en un choque protagonizado por una amiga de su esposa.

Abroquelados

En filas de la coalición hubo una defensa férrea del accionar de Cardoso, e incluso sus correligionarios del PC cargaron contra el fiscal del caso, Jorge Vaz, por “manosear” el nombre del ministro durante la audiencia pública, en la que detalló varias de las conversaciones que mantuvo con Pereira. El senador Tabaré Viera, de Batllistas ‒sector al que pertenece Cardoso‒, acusó al fiscal de hacer “un manoseo innecesario y reprobable” del nombre del ministro “en una audiencia judicial pública y en entrevistas posteriores, asegurando luego que sus llamadas no constituyeron delitos, como ha quedado meridianamente claro”. La declaración, que publicó en Twitter, termina con la pregunta: “¿Casualidad?”.

En diálogo con la diaria, Viera insistió en que es “absolutamente injustificado que en una audiencia pública se maneje el nombre de un ministro porque apareció en escuchas, donde además el propio fiscal declara que en ese diálogo no hay nada que sea un delito, que es ratificado incluso por el fiscal de Corte”. 

Agregó que “mencionarlo varias veces pasa a ser un manoseo de una persona”, que “después es aprovechado políticamente”. Sostuvo que el comunicado del FA es “un acto de oportunismo”, porque “está claro” y “definido por los propios investigadores de la causa” que Cardoso “no tiene nada que ver con la causa ni es delito lo que habla”. “Bueno sería que los jerarcas no podamos hablar entre nosotros”, acotó el senador. 

Viera negó rotundamente que el accionar de Cardoso esté reñido con el Código de Ética de la Función Pública, como denuncia el FA, porque esa ley establece que ningún jerarca puede “éticamente, hacer gestiones que lo beneficien a sí mismo o a terceros”, y en el caso de Cardoso “no hay gestiones” que lo “beneficien”, porque, “si no, incluso, estaríamos frente a un delito”. “Por lo tanto, ni siquiera merece análisis de interpretación. Rechazamos de plano y respaldamos al ministro Cardoso”, subrayó. 

En cuanto al contenido de los registros de las llamadas telefónicas, Viera dijo que en un caso era “por un tema personal, una denuncia policial por un intento de estafa a la madre” del ministro. En otro, “pregunta por un procedimiento policial pero está claro que no estaba insinuando nada”, por lo tanto, “no hay ninguna presión ni ningún pedido, simplemente, hace una consulta”. Además, destacó que la conversación era con alguien que “al ser del mismo departamento, lo conoce”. 

En tanto, el diputado colorado Ope Pasquet ‒del sector Ciudadanos‒ coincidió con Viera en que “el propio fiscal que lo menciona dice que en las llamadas no pedía ninguna ilicitud o cuestión indebida”, por lo que Pasquet no entiende “por qué o para qué el fiscal menciona a Cardoso en un contexto delictivo, como es la acción de ese funcionario policial”. “Si mañana aparecen hechos nuevos se verá, pero con lo que tenemos hasta ahora me parece que es un manoseo y no entiendo, francamente, a cuento de qué viene”, dijo a la diaria. 

Para Pasquet, si el fiscal “entiende que tiene elementos de juicio que justifiquen investigar a Cardoso o lo que sea, tiene que hacerlo” porque “es su deber”, pero “mientras no los tenga, mencionar su nombre porque sí es incomprensible”. Consultado sobre las intenciones que puede haber detrás de ese “manoseo”, el legislador sostuvo que no tiene “por qué pensar que tiene fines espurios”, pero justamente eso lo hace “inentendible”. 

En cuanto a los cuestionamientos éticos que surgen del proceder de Cardoso, Pasquet expresó: “¿Qué norma ética violó? ¿Un ministro no puede llamar a un funcionario policial? Francamente, no entiendo. No me parece que en función de esos elementos pueda hablarse de presión. Llamó para obtener información”. Por ende, y con los elementos que están sobre la mesa hoy, “no se justifica hacer absolutamente nada con relación a Cardoso”, afirmó, y agregó que “sería muy inconveniente que los órganos del partido trataran esto, porque podría leerse como un intento de presionar al fiscal o cosas por el estilo”.

En tanto, el abogado Jaime Sapolinski, integrante del Comité de Ética del PC, dijo a la diaria que tuvo un acercamiento muy reciente con el tema, por lo que no quiso “ni magnificar ni minimizar el hecho”, que “de pronto, no es un hecho correcto”, por lo cual consideró que es necesario “esperar a los acontecimientos, ver exactamente qué sucedió, y en función de eso se verá”. Señaló que hasta el momento nadie presentó una denuncia en el Comité de Ética, y aseguró que “si alguien denuncia se procederá en consecuencia”. Sobre la posibilidad de actuar de oficio, dijo que será “en función de las evidencias que aparezcan”.

Desde filas nacionalistas, el senador Jorge Gandini dijo a Telemundo que no ve “ninguna conducta inapropiada” por parte de Cardoso porque “no llamó para beneficiarse él, sino para generar cosas en beneficio de la comunidad”. Por eso, en su opinión, “merece el apoyo que le habíamos dado y le seguimos dando” por parte del oficialismo.

Por último, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado sobre el tema en rueda de prensa y contestó que él “no es juez ético de nadie”, y que “la opinión pública” y Cardoso dirán “cuál es el grado de intervención” en el asunto. “Ni sé cuál es el grado de intervención que tuvo. Sobre que estamos en contacto con la Policía, permanentemente lo estamos, obviamente. Sobre el tenor, la profundidad y el alcance de lo que estaba solicitando [Cardoso al jerarca policial imputado], no lo sé”, finalizó. 

Polémicas del pasado

Esta no es la primera vez que Cardoso se ve envuelto en una polémica. En 2015 fue acusado por dirigentes de su propio partido de acordar con Enrique Antía, intendente de Maldonado, cargos de confianza en el gobierno departamental para dirigentes de su sector tras decidir no postularse en la elección.

A principios de 2017, cuando Cardoso era secretario general del PC, su suplente en la Cámara de Diputados, Francisco Sanabria, cerró el Cambio Nelson, negocio del que era dueño en Maldonado, y se fue a Estados Unidos, poco antes de que la Justicia ordenara el cierre de fronteras por apropiación indebida y librar cheques sin fondos. Por estos delitos Sanabria fue procesado en abril de ese año.

En aquella oportunidad, Cardoso acudió voluntariamente a la Justicia para dar su versión sobre el caso de su suplente. En rueda de prensa había señalado: “Todo lo vinculado a Cambio Nelson y la participación de Francisco Sanabria es en torno a su actividad comercial privada, nada tiene que ver ni con el PC ni con mi suplencia de la diputación por el departamento de Maldonado”. En el plano político, el FA había solicitado investigar los nexos entre Cardoso y Sanabria, ya que este último fue el principal aportante en la campaña del ahora ministro.