Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La cuestión del precio de los combustibles se va convirtiendo en una puerta de entrada a discusiones más generales y profundas.
Algunas se refieren al papel del Estado y su relación con el sector privado, incluyendo las políticas fiscales con intención de redistribuir ingresos. Ahora se suma el tema de la democracia representativa y la directa. Son muchas derivaciones de unas simples tarifas.
Varias gremiales agropecuarias y el movimiento Un Solo Uruguay critican los recientes aumentos y afirman que si son los “sobrecostos” de Ancap los que encarecen los combustibles, deben ser eliminados cuanto antes (el Poder Ejecutivo contabiliza como “sobrecosto”, por ejemplo, lo que Ancap pierde por subsidiar el precio del supergás). Ayer les contestó el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, y señaló que desde 2011 los precios de las exportaciones agropecuarias han subido más que los de los combustibles, de modo que los reclamos de los productores apuntan a incrementar su lucro.
Luego el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, sostuvo que los exportadores “han demostrado claramente la eficiencia de sus procesos productivos y su genuina competitividad”, pero que se ven obligados a pagar por “las ineficiencias” de Ancap. En el fondo, se discute si corresponde o no que el Estado, para llevar adelante sus políticas, extraiga recursos de sectores con importantes ganancias.
Según Manini, habría que aprobar “entre todos los partidos” una “ley seria” que determinara precios más bajos de los combustibles, al eliminar las causas actuales de su encarecimiento. Si entre esas causas estuviera el monopolio de la importación, dijo, sería necesario someter la norma a referéndum, para darle a la decisión un peso equivalente al del referéndum anterior que, en 2003, derogó la Ley 17.448, aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle.
Para empezar, está por verse que sea posible un acuerdo de todos los partidos para definir cuáles son los “sobrecostos” que no deberían recaer sobre Ancap. Esto implica, por supuesto, decidir si las políticas dependientes de ellos se mantienen y, en tal caso, con qué financiamiento alternativo.
En segundo lugar, y aun si se alcanzara tal acuerdo, sería algo bastante distinto de la ley derogada en 2003, que incluía la asociación de Ancap con una empresa privada extranjera y no cambiaba la carga impositiva sobre los combustibles.
Por último, el recurso de referéndum sólo se puede ejercer contra las leyes (y los plebiscitos son sólo para reformar la Constitución), de modo que “todos los partidos” deberían aprobar primero una norma y luego reunir firmas contra ella, con la intención de que el resultado de la consulta popular la dejara vigente. Pero quizá ni siquiera esa complicada operación sería viable, ya que el artículo 133 de la Constitución indica que no se pueden someter a referéndum las leyes que fijen precios de “productos o bienes de la actividad pública o privada”.
Hasta mañana.