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Foto principal del artículo 'Las interpelaciones gozan de buena salud' · Ilustración: Ramiro Alonso

Ilustración: Ramiro Alonso

Las interpelaciones gozan de buena salud

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Al otro día de conocerse la decisión del presidente Yamandú Orsi de revocar la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo por la muerte de la pediatra Soledad Barrera, la bancada de diputados del Partido Nacional definió interpelar a la titular de esa cartera, Cristina Lustemberg. Los blancos acusan a la ministra de mentir cuando dice que no hubo perjuicios por la decisión de bajar la sanción, y enumeran como consecuencias “el sufrimiento” de la familia de Barrera, “el descreimiento y pérdida de prestigio” del MSP y la renuncia de integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública. Este miércoles Orsi confirmó que la decisión fue tomada por él y Lustemberg en conjunto, y consultado sobre si mantiene su respaldo a la titular del MSP respondió: “Por supuesto”. Por su parte, Luestemberg explicó a la prensa que a partir de un recurso de revocación de la primera resolución presentado por la madre de Barrera y el surgimiento de nuevos elementos, el asunto fue analizado junto con los equipos jurídicos del MSP y de Presidencia.

Orsi también habló de la posibilidad de instalar un puerto oceánico en Rocha, retomando el proyecto que nació en la administración de José Mujica, y sostuvo que “la región lo está necesitando”. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que recién para mediados de 2027 estarían los estudios de viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado a cargo de Pablo Genta, que dejará la Administración Nacional de Puertos para abocarse a esta responsabilidad. Referentes políticos de Rocha y relacionados con el tema opinaron sobre los pro y los contra de retomar la iniciativa.

Yendo al Parlamento, el proyecto presentado por el Frente Amplio para regular el derecho al trabajo en las cárceles empezó a ser analizado por integrantes de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados y, en principio, la oposición hace una valoración favorable de la iniciativa, aunque califica como un retroceso los cambios en la obligatoriedad.

Y el plenario de esa misma cámara votó este miércoles remitir a la Fiscalía las actuaciones de la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonziación. La iniciativa tuvo el apoyo del Frente Amplio, de la Coalición Republicana y de Cabildo Abierto, pero no contó con el apoyo de Identidad Soberana.

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Hasta mañana.