Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles se anunció como un avance hacia la rebaja prometida por el gobierno nacional, pero se ha transformado en un problema creciente para este. El gobierno no sólo ha tenido que enfrentarse a la evidencia de que cumplir esa promesa no es nada fácil, sino que también da marcha atrás en el terreno doctrinario.
Hay una vieja demanda de bajar ante todo el precio del gasoil, planteada especialmente por productores agropecuarios, y sobre ella se instaló un relato simplista: según este, es la intervención de Ancap lo que aumenta los precios, y la libre importación es el modo de evitar ese problema.
Circulan diversas interpretaciones sobre el modo en que la mediación de Ancap causa “sobreprecios”. Las más genéricas se apoyan en la tradicional visión del Estado como un parásito que, para solventar gastos excesivos, les chupa la sangre a quienes realmente generan riqueza. Otras atribuyen los “sobrecostos” a la necesidad de cubrir pérdidas de la propia Ancap, o incluso a presuntos robos multimillonarios durante los gobiernos frenteamplistas.
En todo caso, la propuesta de desmonopolizar la importación de combustibles se incluyó en la primera versión del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), pero el presidente Luis Lacalle Pou sabía de antemano que los legisladores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto no la votarían. La alternativa fue ponerle nombres técnicos y algo de sustento al relato.
Se le encomendó a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) que calculara, periódicamente, un “precio de paridad de importación” (PPI), básicamente en función del vaivén de las cotizaciones internacionales, como referencia para fijar el precio local. A su vez, el Ejecutivo decidió agregarle al PPI un “factor X”, que estima en forma discutible los “sobrecostos” de Ancap, y es una forma de reiterar que ahí está la causa de que los combustibles sean caros.
Sin embargo, la ecuación es otra: el factor más significativo que se agrega al precio internacional no tiene que ver con Ancap, sino con impuestos de los que el Ejecutivo no tiene la menor intención de prescindir. La tasa de inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo, contra la cual el oficialismo presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, le suma unos 25 centésimos al precio por litro, y las pérdidas de Ancap en el negocio del pórtland, aproximadamente un centésimo.
Además, resulta que la evolución de los mercados internacionales, desde que se aplica el nuevo procedimiento con el PPI como referencia, no ha determinado la rebaja de los precios locales sino su aumento.
Ahora los cálculos de la Ursea conducían a una nueva suba, y las tendencias internacionales indican que habrá otras luego, pero el Poder Ejecutivo decidió que los precios se mantengan durante octubre, alegando que eso es viable y “lógico” porque Ancap tuvo, por factores coyunturales, ganancias importantes en el primer semestre de este año.
Ya no importan tanto la paridad con un teórico importador privado ni los “sobrecostos” del ente. En cambio, parece que importa cada vez más la perspectiva del referéndum contra 135 artículos de la LUC.
Hasta mañana.