Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Danilo Astori expresó a comienzos de 2018, cuando todavía era ministro de Economía y Finanzas, su convicción de que en el siguiente período de gobierno sería necesario encarar una reforma integral y profunda del sistema de seguridad social, para que tuviera un futuro sustentable. Hasta el final del mandato de Tabaré Vázquez insistió en que esa tarea “gigante” requería consensos muy amplios.
Cabe suponer que el presidente Luis Lacalle Pou y su equipo económico comparten esa apreciación, por lo menos en lo referido a la necesidad de la reforma. Lo de los consensos, sin embargo, está por verse, y eso tiene consecuencias muy importantes.
Lacalle Pou incluyó en la Ley de Urgente Consideración (LUC) la formación de una comisión de expertos en seguridad social, con el cometido de realizar un diagnóstico y plantearle propuestas de reforma al Poder Ejecutivo, que de acuerdo con la Constitución es el único habilitado para presentar proyectos de ley en la materia.
En principio estaba previsto que a esta altura de 2021 las recomendaciones ya hubieran sido planteadas y el proyecto estuviera desde hace tiempo a consideración del Poder Legislativo, pero el proceso ha sido lento y complejo. La comisión demoró en formular un diagnóstico (apoyado sólo por los representantes del oficialismo y de las cámaras empresariales), no se reúne desde comienzos de agosto, y está sobre la mesa la posibilidad de que las propuestas no vayan más allá de criterios muy generales.
Esto último no sólo se debe, como en el caso del diagnóstico, a la ausencia de acuerdos con los representantes del Frente Amplio, el PIT-CNT y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Según todos los trascendidos, tampoco hay consenso en la mayoría de la comisión acerca de aspectos centrales de la reforma, y de hecho es el oficialismo el que ha planteado las últimas prórrogas de plazos, y se dispone a solicitar una más, pero por motivos vinculados con el referéndum contra 135 artículos de la LUC.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a la diaria que es mejor postergar la presentación del proyecto del Ejecutivo hasta después de que se realice esa consulta popular (cuya fecha probable se ubica a mediados del año que viene), porque considera muy improbable que la iniciativa esté lista antes del receso veraniego del Parlamento, y luego de este la campaña por el referéndum va a demandar una importante dedicación de los legisladores.
Con el mayor de los respetos por la opinión de Mieres, cabe señalar que, si el proyecto es presentado apenas esté listo, eso permitirá que comience a ser estudiado cuanto antes dentro y fuera del Poder Legislativo, que haría muy bien en no tratarlo a las apuradas. No hace falta ser muy astuto para suponer que, en realidad, el Ejecutivo no está interesado en que durante la campaña por el referéndum se conozca una iniciativa cuyo contenido le desagradará a buena parte de la ciudadanía.
Esto puede ser comprensible desde el punto de vista de la política partidaria, pero resultaría muy inconveniente a los efectos de avanzar en la reforma, que en función de los resultados del referéndum puede postergarse y complicarse aún más.
Hasta el lunes.