Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
No están en discusión la ideología liberal de Jorge Batlle ni su escasa inclinación al estatismo, pero cuando fue presidente impulsó el fortalecimiento de unidades reguladoras, no sólo para áreas como la de las comunicaciones, en la que actúan tanto el sector privado como el público, sino también para la de servicios de energía y agua, donde hay monopolios estatales.
Esto no se debía a que Batlle quisiera aumentar la trama burocrática del Estado. Su intención declarada era evitar abusos que pueden verse facilitados si la misma institución que brinda un servicio tiene a su cargo ofrecer garantías a quienes lo reciben. El concepto se aplica en otros terrenos y es defendido desde el actual Poder Ejecutivo.
Sin embargo, gran parte del oficialismo rechaza las intervenciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en especial cuando tienen que ver con acciones del Ministerio del Interior.
Parece que estuviera muy bien establecer un organismo de control independiente para que el Estado no se exceda cuando fija los precios de los combustibles, pero que fuera algo impropio velar para que la Policía no cometa excesos cuyas consecuencias pueden ser, por cierto, mucho más graves. Y eso que la INDDHH sólo puede expresar opiniones, recomendaciones o propuestas.
Como señala el nuevo presidente de ese organismo, Juan Faroppa, en la entrevista que publicamos hoy, circulan con frecuencia duros cuestionamientos a la propia existencia de la INDDHH. Cuando Jorge Larrañaga era ministro del Interior, molesto porque la institución investigó si se habían producido atropellos en operativos policiales, llegó a decir que en lo sucesivo iba a ignorar sus planteamientos.
El senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, llegó el año pasado al extremo de no votar los artículos que le asignaban presupuesto, y este año su partido se negó a aprobar la Rendición de Cuentas correspondiente.
Domenech y otros dirigentes alegan, entre otras cosas, que la institución es innecesaria, porque duplica tareas que le corresponden al Poder Judicial o a la Fiscalía. Sin embargo, basta con leer las normas legales que establecen su funcionamiento (e incluso la sección de “preguntas frecuentes” en su sitio de internet) para ver que la INDDHH ni siquiera puede recibir denuncias sobre casos que ya hayan sido planteados ante la Justicia.
La integración del Consejo Directivo de la institución es decidida por la Asamblea General, por un período de cinco años y con la posibilidad de una sola reelección consecutiva, entre candidaturas de personas que aseguren “la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Ahora comienza el quinto y último año del mandato del actual Consejo Directivo, y el oficialismo tiene una mayoría parlamentaria que le permitirá decidir luego quiénes lo sustituirán. Lo importante es que la próxima integración y en general la actitud del gobierno nacional hacia la INDDHH no conduzcan a convertirla en algo que, como dice Faroppa, “no sea ni chicha ni limonada”. Hay mucho en juego para el conjunto de la ciudadanía.
Hasta mañana.