Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) es un organismo de gran potencial pero escasos recursos, y cabe la sospecha de que no se la ha fortalecido para que no haga todo lo que podría. En estos días, oficialistas y opositores se acusan mutuamente de subordinar los objetivos del organismo a sus intereses políticos, y quizá ambos tengan razón. Es significativo que la actual presidenta de la Jutep, Susana Signorino, y su antecesor Ricardo Gil Iribarne coincidan en que los partidos no le asignan los recursos mínimos que necesita.
La Jutep, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, se ubica en un marco doctrinario relativamente reciente, que puede dar lugar a confusiones indeseables. Ambas complementan, con autonomía e independencia técnica, la actividad de los tres poderes tradicionales del Estado, sin sustituirlos ni inmiscuirse en sus competencias. Tiene especial importancia no confundir sus tareas con las del sistema judicial, porque no acusan, juzgan ni condenan a nadie. La Jutep existe para cumplir con compromisos asumidos por Uruguay al firmar la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. Tiene un papel central de asesoramiento, contralor y difusión, para mejorar los criterios y prácticas en el combate a la corrupción. Todo eso, en la actualidad, con 11 funcionarios y dos personas pasadas en comisión.
Tampoco se debería confundir su funcionamiento con el de organismos integrados por representantes de partidos, que tratan de defender los intereses de estos.
La Ley 19.340 establece que la Jutep sea dirigida por un presidente, un vicepresidente y un vocal, “de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”, designados por el presidente de la República con venia de por lo menos tres quintos de los integrantes del Senado. Esa mayoría especial tendría que darle garantías a la ciudadanía, cuyos intereses están en juego.
Tras el último cambio de gobierno, la Jutep quedó desmantelada por las renuncias de dos de sus integrantes, y Gil renunció también porque no podía adoptar decisiones solo. No hubo una transición y Signorino no asumió, como su antecesor, con un bagaje de especialización previa en las tareas que tiene a su cargo.
El directorio ha decidido no actuar más de oficio, alegando falta de recursos, salvo que exista una “flagrante falta de ética o de transparencia” (algo cuya determinación es difícil si no se investiga por la misma falta de recursos). No abordó el escándalo de favoritismo en la intendencia de Lavalleja porque no hubo una denuncia formal, y en la actualidad trabaja sobre los casos de Gas Sayago y Miguel Ángel Toma.
En los últimos días se pronunció sobre el Antel Arena sin haber hecho una investigación propia, sobre la base del informe de una auditoría privada contratada por el directorio de Antel, que cuestionó lo hecho por Carolina Cosse cuando presidía el ente. El vocal frenteamplista Jorge Castro aprobó ese dictamen y tuvo que renunciar.
Signorino pidió más recursos porque no puede “conseguir funcionarios en comisión”, pero da la impresión de que este problema no es el mayor de la Jutep en la actualidad.
Hasta mañana.