Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En estos tiempos no es nada fácil percibir en qué dirección va el mundo, pero al parecer hay convicciones muy firmes al respecto en la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos Previsionales (Anafap), formada por las tres empresas privadas de ese rubro que operan en Uruguay: Integración, Sura y Unión Capital, cuyos representantes fueron recibidos ayer por la comisión especial del Senado que trata el proyecto de reforma jubilatoria enviado por el Poder Ejecutivo.
Desde que se crearon las AFAP, en 1995, la obligación de afiliarse a una de ellas rige para quienes perciben retribuciones laborales mensuales por encima de un mínimo que se va actualizando, y el proyecto del Ejecutivo extiende esta obligación a todos los trabajadores, con independencia de los ingresos. En su versión original, los aportes se repartían mitad y mitad entre el régimen de solidaridad intergeneracional, a cargo del Banco de Previsión Social, y el régimen de ahorro individual obligatorio en el que participan las AFAP.
Esto cambió en el marco de la negociación entre los partidos oficialistas, y el proyecto enviado al Parlamento plantea otra distribución del aporte de los trabajadores, con dos tercios para el régimen de solidaridad intergeneracional (al que el oficialismo tiende a llamar “de reparto”, por razones que no parecen ser sólo de brevedad) y un tercio para las AFAP.
Esto, que se acordó para amortiguar perjuicios, no le parece bien a la Anafap, y el motivo es obvio: aunque de todos modos las empresas que la integran pasarían a manejar aportes de más personas, quieren también que el monto sea el mayor posible. Plantearlo así puede resultar antipático, y prefieren alegar que “el mundo” no tiende a reducir el componente de ahorro individual en las jubilaciones, sino que va “en sentido contrario”.
Ir “en sentido contrario” significa convertir gradualmente el sistema de seguridad social en la administración de ahorros personales (que los integrantes de Anafap, como es lógico, prefieren que sea privada) y acotar el papel del Estado al pago de prestaciones para las personas con menores ingresos laborales, cuya escasa capacidad de aporte las dejaría en la indigencia si dependieran sólo de ella.
El mismo criterio se puede aplicar (y de hecho se aplica, aunque no en “el mundo” sino en parte de él) a muchas otras áreas básicas para la calidad de vida: servicios de salud privados según la capacidad de pago de cada persona y salud pública para la gente pobre, educación privada de acuerdo con lo que se pueda pagar y educación pública para pobres, etcétera.
En el caso de la seguridad social hay, además, un eje de tensiones cada vez más crucial, muy vinculado con las tendencias demográficas, los cambios tecnológicos y crecientes desigualdades de ingresos. En la primera página de la agenda están los debates sobre el ingreso como un derecho humano garantizado por el Estado durante toda la vida.
Esto sin duda se está discutiendo en el mundo, entre fuerzas sociales y políticas con visiones contrapuestas, sin que esté todavía claro cuál será el desenlace del proceso. Sería bueno que en Uruguay lo tuviéramos muy presente.
Hasta mañana.