Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Si Uruguay produjera y exportara petróleo, los períodos de aumento de los precios internacionales determinarían el ingreso de divisas al país. Si lo produjera en una cantidad sólo suficiente para cubrir la demanda del mercado interno, los precios de venta locales podrían ser menores.
Sucede, sin embargo, que Uruguay no produce petróleo. Por lo tanto, debe comprarlo a otros países: cada alza de los precios internacionales implica mayores gastos para Ancap, que tiene el monopolio de la importación, y el costo adicional se ha trasladado, por lo general, total o parcialmente, a los precios de venta de combustibles al público.
Durante años, la oposición a los gobiernos frenteamplistas insistió en que los combustibles podían ser mucho más baratos, pero que no lo eran porque, con sus precios, el Estado no sólo cubría el déficit de otras actividades de Ancap sino que además financiaba ineficiencias, derroches y políticas desmesuradas ajenas a ese ente autónomo, afectando a todos los consumidores, pero sobre todo a costa del “país productivo” que consume gasoil.
En la campaña electoral del Partido Nacional se prometió bajar el precio de los combustibles. En el acuerdo “Compromiso por el país”, de los partidos que habían decidido apoyar a Luis Lacalle Pou en el balotaje, se afirmó que esa era la intención sin mencionar plazos ni procedimientos. En el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), Lacalle Pou quiso quitarle a Ancap el monopolio de la importación y la refinación, pero no logró acordar esto con sus socios, y en el Parlamento se negoció la actual fórmula de ajuste de precios, a partir del cálculo de un teórico precio de paridad de importación (PPI).
Desde entonces, los precios no bajaron, sino que aumentaron, y si se hubiera aplicado el procedimiento basado en el PPI, habrían aumentado mucho más, porque el petróleo se encareció. Además, este gobierno no redujo la fuerte carga impositiva sobre los combustibles. Ante la perspectiva del referéndum sobre 135 artículos de la LUC (entre ellos, los que establecen el mencionado procedimiento), el Ejecutivo decidió no atenerse al PPI y disponer incrementos menores o nulos.
Primero, alegó que lo hacía aprovechando ganancias extraordinarias por la venta de energía a Brasil, pero el alza de los precios del crudo superó esa disponibilidad coyuntural de recursos, y el efecto de la invasión rusa a Ucrania es que el petróleo se encarezca aún más. Todo indica que la diferencia entre el PPI y lo que se paga en Uruguay seguirá creciendo y que en algún momento cercano será insostenible.
Ayer se realizó el último ajuste previo al referéndum y los precios subieron, una vez más por debajo de lo que marcaba el PPI. En la próxima ocasión, con los resultados de la consulta popular a la vista, el Ejecutivo ya no tendrá la urgencia política de mantenerlos deprimidos, pero ayer aseguró que “continuará actuando con prudencia”.
Está muy bien la prudencia, que no ha sido habitual en este gobierno, pero con ella no basta para frenar una escalada de los precios internacionales. El problema fue la imprudencia anterior, con promesas preelectorales basadas en un relato incierto.
Hasta mañana.