Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer se señaló en este espacio lo penoso que resulta el retroceso en las discusiones políticas sobre el terrorismo de Estado. Faltó decir que la situación se vuelve irritante cuando parece que no sólo se intenta desandar el camino recorrido, sino también tomarnos el pelo.
El proyecto sobre prisión domiciliaria de Cabildo Abierto (CA) tendría como principal y obvia consecuencia que accedan a ese beneficio los procesados y condenados por crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, en forma automática y sin que importe la opinión al respecto del Poder Judicial. Pero los senadores Guido Manini, Guillermo Domenech y Raúl Lozano no tuvieron el coraje de decir lo que claramente buscan.
Con la apariencia de una norma genérica para personas mayores de 65 años, establecieron excepciones que reducen el grupo beneficiado a los verdaderos destinatarios. Pero esa es sólo una de las chicanas, y no la más grosera.
Se alega la intención de atender “el grave problema de la superpoblación carcelaria”, pero las personas mayores de 65 años son apenas 1% del total de las privadas de libertad.
Pero hay más, y es más grueso. La iniciativa, presentada en agosto del año pasado, invoca “la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19, en particular de nuevas cepas en los establecimientos de reclusión”. Terminada la emergencia sanitaria, se podría pensar con ingenuidad en que CA retirara su proyecto, pero insiste en que se acelere su tratamiento y presiona por su aprobación. Quizá sus tres senadores cambien esa excusa por otra, pero también es posible que ni siquiera se tomen el trabajo de hacerlo.
Desde hace un tiempo, los legisladores del Partido Nacional (PN) buscan alguna forma de reformular el breve texto presentado por CA, presumiblemente para que cause el mismo efecto sin resultar tan chocante, pero la tarea es difícil.
El miércoles se conoció un informe del director de Asuntos de Derecho Internacional de la cancillería, Marcos Dotta, sobre las consecuencias negativas que tendría la aprobación del proyecto, al contrariar tratados y sentencias internacionales de cumplimiento obligatorio para Uruguay. Ante esto, los senadores nacionalistas apelan a otra vieja chicana.
Alegan que los eventuales beneficiarios no fueron condenados por delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto no hay conflicto con normas internacionales, pero se saltean hechos que no hay derecho a desconocer.
Los procesamientos y condenas se fundamentaron del modo en que podían resultar viables. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia, con vaivenes por sus cambios de integración, se ha mantenido aferrada a la tesis de que, como los crímenes se cometieron cuando Uruguay aún no los había tipificado como delitos de lesa humanidad, no corresponde aplicar una norma en forma retroactiva.
El problema es que, según los organismos internacionales sobre cuya segura reacción alertó Dotta, fueron delitos de lesa humanidad y hay que tratarlos como tales, con independencia de lo que arguyan los senadores del PN y de CA. Así lo han señalado durante décadas, aunque aquí haya todavía quienes no se dan por enterados.
Hasta el lunes.