Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es penoso que los movimientos políticos vinculados con lo que se sigue llamando “el pasado reciente”, en vez de centrarse en lo que hay que esclarecer, intenten un retroceso hacia debates que el mundo dejó atrás hace muchos años, y que en Uruguay también deberían haberse superado.
Desde el actual gobierno nacional se dedican esfuerzos mucho mayores a cuestionar la narrativa anterior y construir otra que a lograr respuestas para las preguntas cruciales.
El Ministerio de Defensa Nacional abrió a quienes quieran visitarla la “cárcel del pueblo” instalada en una casa de Juan Paullier casi Charrúa por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En vez de realizar un trabajo serio y cuidadoso para aportar información, ayudando a que se comprenda qué representó y por qué, se optó por poner unos pocos carteles y fotos que no explican nada sustancial y omiten, entre muchos otros datos, que allí hubo durante la dictadura un centro clandestino de detención, usado también para almacenar objetos robados a las víctimas de la represión y realizar espionaje telefónico.
Esto deja espacio para cualquier interpretación de los hechos, y muy especialmente para la que se apoya en la “teoría de los dos demonios”, con la particularidad de que no hay posibilidad de visitar los cuarteles en los que la dictadura mantenía prisioneras a sus víctimas, las torturaba y las mataba.
Cabildo Abierto dio un paso más allá y presentó un proyecto de ley cuyo efecto sería que todas las personas procesadas y condenadas por delitos en el marco del terrorismo de Estado obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria. La comisión del Senado que lo estudia le pidió un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las consecuencias que tendría desde el punto de vista del derecho internacional, y el jerarca a cargo de esa área respondió en forma bastante diplomática pero no por ello menos comprensible.
Lo que les comunicó a los senadores es que, considerando todos los pronunciamientos y condenas de organismos internacionales sobre el modo en que Uruguay ha manejado la cuestión de los delitos de lesa humanidad, es “razonable prever” que la eventual aprobación del proyecto “sea considerada contraria a los estándares” en la materia, establecidos en tratados que Uruguay firmó y ratificó.
En realidad, cualquier legislador debería saber esto, pero hay unos cuantos que prefieren creer (o por lo menos decir) que esos estándares son obra de una conspiración izquierdista mundial a la que Uruguay debe combatir.
En 15 días se realizará una nueva Marcha del Silencio. La primera se llevó a cabo en 1996, 20 años después de los crímenes en Buenos Aires que tuvieron como víctimas a Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, Manuel Liberoff, Zelmar Michelini y William Whitelaw.
Cuando faltan apenas cuatro años para que se cumplan tres décadas de esa enorme movilización, y medio siglo de aquellas atrocidades, aquí parece que lo más importante es convencer a cuantas personas sea posible de que una parte de la izquierda exagera y miente cuando cuenta quiénes, por qué y cómo se apoderaron del aparato estatal y lo usaron con extrema violencia contra sus compatriotas.
Hasta mañana.