Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Los cuestionamientos políticos a la decisión de iniciarle un sumario al fiscal Raúl Iglesias muestran hasta qué punto es perjudicial la tendencia, tan primitiva como actual, a ubicar todos los hechos en el marco de una batalla ideológica sin cuartel, en la que lo único importante es de qué lado se está.
Iglesias fue transferido a comienzos de mayo a la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 4º turno, que tenía a su cargo más de 900 denuncias. A los pocos días de asumir el cargo, mostró intenciones de alto perfil y recorrió numerosos medios de comunicación. En esa recorrida anunció que había decidido archivar cientos de casos, alegando que no había posibilidad de avanzar en ellos.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, pidió un informe al Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía, que luego se trasladó a Jurídica, aclarando que no se trataba de investigar o juzgar las razones del archivo de tantas denuncias (en ese terreno cada fiscal tiene independencia técnica), sino de chequear datos cuantitativos.
Gómez tenía motivos muy razonables para pedir esa información, ya que Iglesias llegó a hablar del archivo de unas 300 denuncias en una semana, y una simple división sugería que no le podía haber dedicado más que algunos minutos al estudio de cada expediente. El relevamiento realizado confirmó esto.
La tecnología empleada por Fiscalía, como la de muchas otras instituciones estatales, registra a qué horas comienza y termina el acceso de un funcionario a un expediente. En este caso, quedaron registrados tiempos muy breves entre el comienzo de la “revisión” de una denuncia y la decisión de archivarla, que de ninguna manera pueden corresponder a un examen serio: en 56% de los casos fueron menos de dos minutos.
La independencia técnica de los fiscales tiene, obviamente, sus límites; no es una licencia para eludir el cumplimiento de las leyes o las normas internas de su lugar de trabajo. Entre las obligaciones de Iglesias está investigar las denuncias que pasaron a ser responsabilidad suya.
Gómez ordenó que se le iniciara un sumario con separación del cargo y retención de 50% de sus haberes, como corresponde ante las faltas graves, que en este caso no fueron sólo las referidas al archivo de denuncias, sino también la actuación de Iglesias en el caso de violación grupal en el Cordón, en la que el departamento jurídico notarial de Fiscalía identificó varias violaciones de normas.
A todo esto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi anunció que convocará a Gómez para que le explique a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado por qué decidió iniciarle el sumario a Iglesias. El cabildante Guillermo Domenech dijo que esa decisión es “inexplicable” y que le “preocupa enormemente” que la Justicia sea “manipulada” en función de la “ideología de género”.
En el momento de auge de su locuacidad mediática, Iglesias criticó la conducta profesional de “fiscales militantes”, presuntamente alineados con causas feministas. Quizá Domenech y Bianchi consideren que esto es más que suficiente para defenderlo, pero lo que importa aquí es el respeto a los derechos de las víctimas.
Hasta mañana.