Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En más de una ocasión se ha señalado en esta columna la inconveniencia de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sea mantenida en un estado cercano a la indigencia presupuestal, sin los recursos necesarios para cumplir con sus numerosas tareas de contralor, investigación y asesoramiento. Así, Uruguay cumple formalmente con compromisos internacionales para prevenir la corrupción, pero en varios aspectos estamos peor que si el organismo no existiera, porque se crea una falsa percepción que disimula grandes carencias.
Sin embargo, hay cosas que incluso esta Jutep menesterosa puede hacer, y una de ellas es constatar que no se le han entregado las declaraciones juradas que marca la ley. Esto es lo que ocurre, desde hace casi dos años y medio, con el senador nacionalista Juan Sartori, quien ha recibido reiteradas intimaciones infructuosas y, a juicio del organismo, incurre a esta altura en una “falta grave”, que puede tener importantes consecuencias.
Cuando Sartori asumió su banca en el Senado presentó una declaración jurada de bienes e ingresos, pero le faltaron datos. La Jutep se lo señaló y el legislador le entregó, recién a fines de noviembre de 2021, más información pero no toda: omitió la declaración jurada de su esposa desde 2015, hija de un multimillonario ruso a quien la revista Forbes ha ubicado entre las 400 personas más ricas del mundo.
Es posible que el patrimonio de la esposa de Sartori sea cuantioso, que ella tenga motivos para ser reservada en la materia, y que no desee brindarle información detallada a un servicio descentralizado estatal uruguayo. De todos modos, la ley requiere que tanto los legisladores como sus cónyuges presenten a la Jutep una “relación precisa y circunstanciada” de sus “bienes muebles e inmuebles” (incluyendo el “monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores, en el país o en el exterior”, “la nómina de empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica” con las que tengan vínculos, las sociedades de las que perciban “salario, intereses u honorarios”, y otros “ingresos, rentas, sueldos y beneficios” que reciban “por cualquier concepto”.
Sartori ha alegado que no le corresponde brindar la información correspondiente a su esposa, porque el vínculo que los une no está formalmente constituido en Uruguay y además tienen separación de bienes, pero al leer las normas vigentes parece muy claro que estos argumentos no son de recibo.
El plazo está largamente vencido y el senador sigue en falta. Esto puede valerle sanciones económicas que, según la declaración de sus propios bienes e ingresos, está en sobradas condiciones de afrontar sin pedirle dinero a su esposa ni a su suegro. Pero sucede que, además, la Jutep debe comunicar la omisión al Poder Legislativo “a efectos de la aplicación de las medidas disciplinarias pertinentes”.
Esto implica un problema político considerable para el Partido Nacional y el conjunto del oficialismo. Y, si Sartori sigue en omisión, puede quedar inhabilitado para volver a ejercer la función pública después de cumplir con su actual mandato. La Jutep está bastante desdentada pero es capaz de morder.
Hasta mañana.