Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La normativa contra el uso de agroquímicos que afectan el ambiente y la salud humana avanza con lentitud, contra la resistencia de quienes emplean esos productos para mejorar sus cosechas. La Constitución establece, desde diciembre de 1996, que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. 14 años después, la Ley 17.283 declaró de interés general “la reducción y el adecuado manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas”.
Está prohibida la producción, comercialización y uso de varios agroquímicos dañinos y, para “promover las buenas prácticas”, la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso, hace ya casi 12 años, que las empresas que prestan servicios de aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola registraran diariamente cuándo, dónde, para quién, con qué producto y en qué dosis realizan fumigaciones.
La lentitud es problemática, pero resultan aún más preocupantes los retrocesos. En junio de este año, la DGSA resolvió que tanto esas empresas como quienes fumiguen por sus propios medios, mediante equipos con tanques de por lo menos 1.000 litros, dispusieran de más plazo para el registro, y que el de aplicaciones por cuenta propia con equipos de menor capacidad fueran voluntarias. Luego, a pedido de gremiales de productores, se habilitó que durante un año también sea voluntario el registro de fumigaciones con tanques de 1.000 litros o más.
Según dijo a la diaria el titular de la DGSA, Leonardo Olivera, se puede “hacer la prueba” de apostar, al menos por un año, a la “libertad responsable”.
El razonamiento de Olivera es difícil de seguir. Sostuvo que “siempre se acusa al agro de cosas, pero nadie tiene datos” para hacerlo, y que el registro sirve para aportar esos datos, pero no le parece mal que dependa de la buena voluntad y la honestidad de quienes fumigan.
Cabe señalar que nadie acusa “al agro” en general de aplicar sustancias peligrosas que, por ejemplo, terminan afectando la calidad del agua potable, sino que hay productos prohibidos, como se mencionó más arriba, y también hay evidencia elocuente de fumigaciones dañinas, no acusaciones sin datos.
Como es lógico y pertinente, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines declaró ayer que la resolución ministerial implica un retroceso “en la regulación del uso y manejo de agrotóxicos” y en lo referido a los derechos laborales, ya que entre los dañados por ese uso y manejo están quienes realizan directamente la tarea, a menudo sin la capacitación necesaria.
Tal como sucedió durante la emergencia sanitaria por la covid-19, una cosa es hablar de “libertad responsable” cuando es realmente libre la decisión de poner en peligro la salud propia, y otra muy distinta es abarcar con ese criterio a quienes no tienen más remedio que arriesgarse. Mucho peor es aplicarlo a conductas en beneficio propio pero perjudiciales para otras personas y para el conjunto de la sociedad, que son expresamente ilegales. O “hacer la prueba” a costa de otra gente y del ambiente que compartimos.
Hasta mañana.