Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El presidente Luis Lacalle Pou ha dicho a menudo que Uruguay no debe “cambiar una mitad por la otra” tras el resultado electoral de 2019, pero sus seguidores no siempre aplican ese criterio. Se acerca el momento de que el Poder Legislativo renueve la integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y desde la coalición de gobierno se ha anunciado la intención de que cuatro de los cinco cargos sean ocupados por personas afines al oficialismo.
Más de 50 organizaciones sociales señalaron que esto desvirtuaría la esencia de la INDDHH, establecida en 2008 mediante una ley cuya redacción llevó años y que contó con apoyo de todos los partidos.
La Asamblea General debe votar a los integrantes de la directiva a partir de propuestas planteadas por organizaciones sociales uruguayas que cumplan con una serie de requisitos, probatorios de su compromiso con los derechos humanos. Y no se puede postular a cualquiera, sino sólo a personas con “experiencia y notoria versación” en la materia, que no hayan ocupado “cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación”, y que en su conjunto puedan asegurar la “representación pluralista” de los grupos dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos.
Obviamente, la idea no es que la INDDHH represente al oficialismo de turno, sino que merezca la confianza de toda la sociedad. Vale la comparación con el cargo de comisionado parlamentario para el sistema carcelario, creado en 2003 (cuando el presidente era Jorge Batlle) y ocupado primero por Álvaro Garcé, de notoria identificación con el Partido Nacional, quien renunció en 2014 para postularse a la intendencia de Montevideo por esa fuerza política.
Cuando se eligió al sucesor de Garcé, ya con el Frente Amplio en el gobierno nacional, hubo un acuerdo para designar a Juan Miguel Petit, identificado con el Partido Colorado pero respetado por todas las partes, quien ha demostrado merecer la confianza que se depositó en él. Es bueno para la salud institucional que pasen cosas así, y la ley de 2003 trató de asegurarlo estableciendo una mayoría especial de la Asamblea General para designar al comisionado parlamentario.
Para la INDDHH se optó por otro procedimiento, teniendo en cuenta un antecedente cercano. Paraguay creó en 1992 una Defensoría del Pueblo unipersonal, cuya titularidad debe ser definida por mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, pero pasaron nueve años antes de que hubiera acuerdo para elegir a alguien, y luego Manuel Páez Monges, que debía durar cinco años en el cargo, lo ocupó durante 15 porque no había acuerdo para designarle sucesor.
A fin de evitar algo parecido, para elegir a la directiva de la INDDHH hacen falta dos tercios de la Asamblea General, pero si no se alcanza esa mayoría en dos votaciones sucesivas, basta con una simple. Esto es lo que quieren aprovechar los oficialistas interesados en nombrar una mayoría que les sea afín, pero si lo hacen sólo lograrán devaluar la institución, que no debe representar y defender a una mitad u otra de la sociedad, sino a esta en su conjunto.
Hasta mañana.