Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cuando se instala un debate público de mala calidad, quienes ya tienen opinión formada deben elegir entre un camino fácil y otro difícil. El fácil es resignarse a los términos en los que está planteada la discusión y hacerlos propios para batallar; el difícil es mantener una distancia crítica, no defender disparates y tratar de que el nivel de la controversia suba.
Esto se aplica a muchas cuestiones vinculadas con la política partidaria. La convicción de que todo debe alinearse en una gran polarización, la pretensión de destruir al adversario y los peores estilos de intervención en redes sociales se potencian, a menudo, para bloquear intercambios productivos, y demasiadas personas aceptan aquello de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”. Es el camino fácil, pero lleva cada vez más abajo.
Algo parecido sucede con las discusiones sobre la decisión del juez Alejandro Recarey que suspendió la vacunación contra la covid-19 a menores de 13 años, y que ayer fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º turno.
La tarea de Recarey no era dictaminar sobre la conducta de las transnacionales farmacéuticas, los acuerdos con ellas del Poder Ejecutivo, la utilidad o la seguridad de las vacunas administradas en Uruguay, la biología celular, la ética de los científicos y médicos que apoyaron la vacunación, o presuntos planes para instalar un nuevo orden mundial. Lo que tenía que hacer era aplicar la ley en lo que correspondiera, ateniéndose a las normas del proceso y considerando con la mayor ecuanimidad posible las posiciones de cada parte.
Las ministras del tribunal de apelaciones señalaron que Recarey cometió una gran cantidad de errores, algunos de ellos sumamente graves, en el cumplimiento de la tarea que le correspondía. Estos errores abarcaron desde cuestiones formales importantes, como la aceptación de la legitimidad del demandante, hasta otras de fondo, referidas a la separación de poderes en una república y los alcances del recurso de amparo, pasando por el plazo en que era atendible la demanda, la ausencia en ella de una petición concreta y la obligación de tratar del mismo modo a las partes en litigio.
Uno de los efectos indeseables de que muchas personas hayan tomado el camino fácil es que el significado de la revocación se tergiversa. Lo que no era tarea de Recarey tampoco fue tarea del tribunal de apelaciones, al que le correspondió nada más y nada menos que revisar el proceso para asegurar que las normas vigentes se hubieran cumplido. La revocación tampoco implica, por lo tanto, un dictamen sobre Pfizer, la función del ácido ribonucleico mensajero, el Grupo Asesor Científico Honorario, los nanobots, Bill Gates o George Soros.
Es perfectamente posible, por ejemplo, reconocer que Recarey procedió en forma chapucera y al mismo tiempo cuestionar que el Ejecutivo haya aceptado cláusulas de confidencialidad en su negociación con Pfizer. Para esto hay que tener en cuenta las necesidades sanitarias que llevaron a aceptar tales cláusulas, y considerar con racionalidad costos y beneficios. Son las normas para discutir con seriedad sobre temas importantes, y sería muy útil respetarlas.
Hasta mañana.