Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace un año y medio, en el marco de forcejeos que aún no han terminado, Cabildo Abierto (CA) planteó algunas propuestas extravagantes para la regulación de contenidos políticos en los medios de comunicación, que fueron rechazadas por el resto del oficialismo.
La premisa era que “los principales servicios de TV y radio” repartieran el tiempo ocupado por figuras de cada partido, en “todos los programas y espacios en que se emit[ier]an opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo y electoral”, en porcentajes equivalentes al de su representación parlamentaria.
Para controlar el cumplimiento de esta norma se planteaba crear, como órgano desconcentrado de la Corte Electoral, una Junta de Garantías en la Comunicación Política (a la que podríamos asignar el acrónimo Jugacopo), con ocho representantes partidarios y uno neutral, que procediera de oficio o a partir de denuncias y pudiera aplicar multas exorbitantes a los infractores.
Ahora CA insiste, mediante un anteproyecto que tiene el mismo objetivo, con algunas modificaciones que lo vuelven aún más disparatado y la Jugacopo como una institución del Poder Legislativo, cuyos nueve integrantes tendrían fueros de legisladores.
La cuotificación del espacio se extiende a “las instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”, sin que esté claro de qué modo se establecerían los proporciones en cada área, las fracciones partidarias pasan a tener sus propios porcentajes de tiempo, se prevé un mínimo para partidos o sectores que no lograron bancas parlamentarias, y la Jugacopo, además de imponer multas, podría proponerle a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación que suspenda o anule adjudicaciones de frecuencias para emitir.
Tal como sucedió con la iniciativa anterior, las críticas abarcan desde la intención de controlar contenidos hasta la inviabilidad práctica, pasando por la alta probabilidad de resultados ridículos si la norma se aplicase, pero hay un aspecto más que corresponde señalar.
Destacados dirigentes de CA como el senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust sostienen que la existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) es inconstitucional, entre otras cosas porque, siendo un organismo del Poder Legislativo, tiene competencias que le corresponden al Judicial. Esto es bastante discutible, porque la INDDHH sólo puede plantear recomendaciones, pero la Jugacopo, que también sería un organismo del Legislativo, no sólo recibiría denuncias y se pronunciaría sobre ellas, sino que también podría imponer sanciones, con multas de casi 112 millones de pesos en casos de reincidencia.
Quizá habría que organizar un debate público entre los cabildantes partidarios de uno y otro criterio, con un uso del tiempo proporcional a los votos de cada uno.
Hasta mañana.