Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Se puede discutir mucho (y, de hecho, no se ha discutido lo suficiente) qué medidas serían más eficaces y más justas para resolver la actual situación de déficit estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, pero resulta evidente que no adoptar ninguna medida es una muy mala solución, y esto es lo que ocurrió. Es lógico que las autoridades y afiliados de la institución expresen su desconcierto y reclamen que se haga algo con urgencia.
El proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo se basó formalmente en propuestas del directorio de la propia Caja, pero en ese directorio, donde hay delegados del Ejecutivo, en todo momento estuvo claro cuáles eran las iniciativas que este aceptaba presentar al Parlamento y cuáles no, de modo que no se trataba realmente de una iniciativa libre e independiente de quienes representan a los afiliados.
De todas formas, ese proyecto fue rechazado el lunes por la mayoría de la Cámara de Representantes, terminó su trámite parlamentario sin que llegara siquiera al Senado, y no se podrá volver a presentar hasta el próximo período de gobierno. El desequilibrio entre los ingresos y los egresos de la Caja irá en aumento durante más de un año y, sin saber quién pasará a ocupar la presidencia de la República el 1º de marzo de 2025 ni cuáles serán las posibles mayorías en el Poder Legislativo a comienzos del próximo período de gobierno, tampoco es posible prever qué solución se propondrá en ese momento, qué chance tendrá de ser aprobada ni cuánto tiempo llevará su tratamiento. El panorama es alarmante.
El déficit estructural se puede afrontar con medidas para aumentar los ingresos, disminuir los egresos o lograr ambas cosas. La cuestión, al igual que en el debate sobre la reforma jubilatoria general aprobada este año por el oficialismo, es definir la proporción de cada componente y, en este caso particular, se agregan algunos problemas específicos muy relevantes. Entre ellos, que no hay un “aporte patronal” propiamente dicho, y que aumentar el aporte de los activos puede probablemente llevar a que muchos de ellos dejen de pagarlos, reduciendo los ingresos de la institución en vez de aumentarlos. Lo que queda ahora es paliar el déficit con aportes estatales o con un aumento del precio de los timbres profesionales.
Quienes se opusieron al proyecto rechazado no podían aprobar uno distinto, porque la Constitución le reserva la iniciativa en esta materia al Ejecutivo. Este envió sus propuestas al Parlamento con escaso tiempo para que fueran discutidas, aceptó hacerles algunos cambios que no conformaron al Frente Amplio ni a Cabildo Abierto, el lunes tuvo en sus manos la decisión de aceptar más modificaciones o ir a una votación perdida de antemano, para que nada cambiara, y eligió la segunda opción.
En relación con la reforma jubilatoria general, el oficialismo alegó que cuando el Frente Amplio estuvo en el gobierno nacional, en vez de asumir la responsabilidad de resolver el problema, había optado por dejarlo crecer. Era discutible la veracidad de aquella acusación, pero en todo caso describe lo que el Poder Ejecutivo está haciendo ahora.
Hasta mañana.