Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer se realizó en la Cámara de Representantes una interpelación al canciller Francisco Bustillo y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre los notorios excesos de la delegación uruguaya a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Cuando se divulgó lo referido a contrataciones directas con altas remuneraciones de militantes oficialistas, el creciente escándalo llevó a que se quemara un fusible antes del llamado a sala. El presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, renunció a ese cargo, alegando que lo hacía para evitarle daños al gobierno nacional y no porque hubiera incurrido en alguna ilegalidad.
Las respuestas de Arbeleche y Bustillo al diputado interpelante, que fue el frenteamplista Nicolás Viera, enfatizaron la autonomía y la exoneración de controles de que dispone la CTM. El canciller anunció que habrá un “rediseño institucional”, porque el actual tiene “claroscuros que lamentablemente fueron objeto de errores, y eso llevó a que Albisu haya presentado su renuncia al cargo”, pero tanto él como su par de Economía dieron a entender que, hasta el momento y en particular durante el período de gestión de Albisu, poco o nada podía hacerse desde el Estado uruguayo en materia de contralor.
Sin embargo, la CTM, en cumplimiento de su reglamento técnico-administrativo, envía cada año a las cancillerías de Argentina y Uruguay una memoria anual de su actividad, su presupuesto de gastos y el cálculo de los recursos que necesitará en el año siguiente. Además, debe presentar los informes que se le soliciten desde ambos Estados sobre asuntos de su competencia.
A esto hay que agregarle los mecanismos de control político, ya que Albisu integra el sector mayoritario del Partido Nacional, fundado y liderado por el presidente Luis Lacalle Pou. Es impensable que sus decisiones hayan pasado inadvertidas, sobre todo si se tienen en cuenta las dimensiones y la población del departamento de Salto y de su capital, así como la cantidad de dirigentes políticos contratados.
La expresión “fingir demencia” se puso de moda en el Río de la Plata hace algunos años, aunque ya se usaba bastante antes, por lo menos en México. Se refiere a las situaciones en las que alguien se desentiende de sus responsabilidades, aparentando que no era consciente de que existieran. Sería una demencia, por ejemplo, que la delegación uruguaya a la CTM pudiera pedirle a nuestro Estado cualquier cantidad de dinero, por asignación de presupuesto o de partidas extra, sin dar ninguna explicación sobre lo que quiere hacer con esos fondos, y que ese tipo de solicitudes tuvieran que ser satisfechas sin preguntas ni reparos, así se trate de 200, 2.000 o 20.000 millones de pesos.
Quienes hayan escuchado ayer las respuestas de Arbeleche y Bustillo podrían pensar que esas son las insólitas reglas del juego, pero no lo son. De hecho, la CTM había solicitado que se le asignara en la partida extra decretada este año mucho más dinero que el que el Poder Ejecutivo decidió destinarle. Por algo se consideró que el pedido no correspondía a ninguna necesidad impostergable.
Hasta mañana.