Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En una semana se pedirán imputaciones con prisión preventiva de Gustavo Penadés, senador suspendido desde comienzos de junio, por explotación sexual de adolescentes, y de Sebastián Mauvezin, exprofesor de Historia en el Liceo Militar, por el reclutamiento de víctimas de ese delito, para Penadés y otros adultos. Es un hito en la historia que comenzó a fines de marzo, cuando la militante nacionalista Romina Celeste difundió por primera vez acusaciones contra quien entonces era todavía una figura parlamentaria clave. Luego se fueron sumando testimonios, y una decena de personas han declarado que recibieron ofertas de dinero para realizar actos sexuales.
La presunción de inocencia persiste a esta altura del proceso, pero sin duda se debilita con este planteamiento desde la Fiscalía, porque el pedido de imputación exige haber reunido evidencia suficiente (que en esta ocasión se apoya, entre otras cosas, en la declaración anticipada de las víctimas a mediados de agosto) y articular una teoría sólida del caso. Hace meses que la probabilidad de una condena viene en aumento, por lo menos desde que Fiscalía presentó al Poder Legislativo, para fundamentar el pedido de suspensión de los fueros de Penadés, un escrito impactante con los elementos de los que disponía en aquel momento.
Las instancias judiciales continuarán, pero el caso ya nos ha dejado un par de grandes lecciones como sociedad. La primera tiene que ver con las grandes dificultades para afrontar los abusos contra niñas, niños y adolescentes. Las denuncias contra Penadés se refieren a hechos ocurridos reiteradamente durante casi dos décadas, y cuesta creer que nadie los hubiera conocido o sospechado hasta que Celeste realizó sus denuncias públicas.
Mirar para otro lado y callar es una conducta demasiado frecuente en relación con la posibilidad de este grave tipo de delitos, que arruinan vidas, y tiene mucho que ver con su abundancia, a menudo impune. Si no asumimos y promovemos un cambio de actitud, va a seguir siendo muy difícil abatir su incidencia y prevenirlos.
La segunda lección se refiere a responsabilidades políticas. Al inicio de esta historia, Penadés convocó a la prensa en el Palacio Legislativo para proclamar que era inocente, con el respaldo simbólico de ese escenario, y anunciar que denunciaría a Celeste por difamación (cosa que nunca hizo). Lo acompañó y descalificó de antemano las denuncias el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, jefe de los funcionarios que debían auxiliar a Fiscalía en su investigación. Luego el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que le creía a Penadés, confiaba en él y lo respaldaba. No actuó la Comisión de Ética del Partido Nacional, y este ni siquiera llegó a suspender al legislador antes de que se desafiliara. Varios dirigentes mezclaron sus comentarios sobre el caso con la reiteración de acusaciones sobre presuntos sesgos de Fiscalía.
Nada puede justificar semejantes imprudencias, que no sólo crearon una situación incómoda para quienes debían actuar en el caso, sino que también transmitieron mensajes equivocados e indeseables a la opinión pública. Bueno sería que se reconocieran graves errores.
Hasta mañana.