Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las frecuencias en las que se emiten señales de radio y televisión son un recurso natural limitado, insuficiente para todos los interesados en aprovecharlo. Teniendo en cuenta esto, en las democracias se las considera un bien público. El Estado, en ejercicio de su soberanía, decide a quiénes les permite usarlas, y es obvio que la asignación no debería ser arbitraria, ni definida por afinidades políticas ni parte de un intercambio de favores, aunque en Uruguay esto es lo que ha sucedido históricamente, con las radios primero y los canales de televisión después.
Las licencias que el Estado les otorga a empresas privadas con fines de lucro se definen legalmente, desde siempre, como “precarias y revocables”. Sin embargo, en la vida real las revocaciones han sido muy infrecuentes, y la posición de los medios de comunicación masiva no ha tenido nada de precario.
Sus dueños los manejan como si tuvieran derechos de propiedad sobre las ondas, heredables y vendibles. La ley no permite transferir una licencia sin autorización estatal, pero los medios cambian de manos a menudo, está naturalizado que en el paquete viene el uso de la frecuencia, y el Estado deja hacer o legitima hechos consumados.
Reforzaba esta noción de propiedad que las licencias se otorgaran sin obligación de pago por el uso lucrativo de un bien público. Esto llegó recién, después de muchas décadas, con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) aprobada en 2014, al final del segundo gobierno nacional del Frente Amplio (FA).
Los adjudicatarios impugnaron esa disposición ante la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad, pero de todos modos no pagan, porque año tras año el Poder Ejecutivo ha decidido no cobrarles, y ahora quiere eximirlos formalmente de la obligación. Pero aun así, se resisten a ceder minutos que consideran suyos para contribuir, por lo menos, a que la ciudadanía conozca las propuestas de quienes se candidatean a cargos electivos.
Los fundamentos que exponen para tal resistencia son, por decir algo suave, pintorescos. Representantes de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, más conocida como Andebu, plantearon en el Parlamento que sería ilegal e injusto obligar a las emisoras a “prestar servicios publicitarios gratuitos a los partidos”, en un régimen de “trabajo forzado”, y que si el Estado quiere que alguien acceda sin costo a minutos en las tandas, debería hacerse cargo del pago o sustituirlo por alguna exoneración tributaria, para que el lucro cesante no cause una crisis económica.
El presidente de Andebu, Rafael Inchausti, quiso reforzar esta tesis invocando un extraño “principio jurídico” de origen desconocido, por el cual “nadie puede trabajar gratis para otro”.
Los empresarios intentaron, con escaso éxito, anular los avances democratizadores que estableció la ley SCA vigente, y lograron que muchos de ellos nunca se aplicaran. Ahora, envalentonados por la ofensiva gubernamental para desmantelar lo que está en pie de esa norma, quieren ganar terreno incluso en lo referido a la publicidad preelectoral gratuita, que por cierto no es un invento del FA. Son insaciables.
Hasta el lunes.