Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El 27 de noviembre de 1983 moría en España, en un accidente aéreo, Ángel Rama, posiblemente el mayor teórico cultural de nuestro país. Fue uno de los tantos exiliados por la dictadura que nunca pudo retornar a Uruguay. Ese mismo día, muchos miles de personas se atrevían a desafiar al régimen en actos de protesta en varias localidades del país.
1983 fue el año en que, tratando de mejorar las condiciones de su salida del poder, los militares llegaron a suspender el diálogo con los representantes políticos, sembrando dudas sobre el camino que llevaría a las elecciones que pondrían fin a su gobierno. También fue el año en que las movilizaciones ganaron las calles: los trabajadores celebraron el 1° de Mayo por primera vez desde el golpe de Estado, los universitarios organizaron marchas notorias y ese, recuerdo, fue el invierno en que empezaron las caceroleadas.
El acto de Montevideo convocó a 400.000 manifestantes, según observadores externos. En el estrado ubicado al pie del Obelisco de los Constituyentes había también una pequeña multitud, compuesta, además de por representantes obreros, estudiantiles y de otras organizaciones sociales, por una abrumadora mayoría de personas con actividad política. Algunas de ellas no podían ejercerla abiertamente, otras estaban parcialmente proscritas, otras podían mostrarse en público pero los partidos a los que pertenecían estaban ilegalizados, y otras eran las parejas de dirigentes apresados o, directamente, las viudas de asesinados.
Podría decirse que los militares habían hecho todo lo posible para dividir a los políticos que se les oponían. Sin embargo, los sectores democráticos de todos los grandes partidos lograron ponerse de acuerdo en apoyar una proclama que reclamaba el fin de la tiranía, el restablecimiento del Estado de derecho, el fin de la intervención de la educación y el reinicio del proceso democrático. Ese acuerdo es lo que se celebró ayer y los 40 años que nos separan de él invitan a reflexionar sobre qué consensos son posibles hoy.
El más urgente: por estos días en el Parlamento no se consigue acordar un texto para regular el financiamiento de los partidos, a pesar de que resulta indispensable –aunque no suficiente– para proteger al sistema político frente al avance del crimen organizado en la región. Como si se necesitara alguna advertencia explícita, el domingo un poderoso narcotraficante prófugo y made in Uruguay se explayó tranquilamente en horario pico televisivo acerca de cómo corrompió a la Policía de Paraguay y Bolivia, mientras brindaba sus opiniones sobre las fortalezas y debilidades de la Justicia y las instituciones políticas uruguayas. Todo con sus canciones favoritas de fondo. Parece ficción, pero no es.
Esa fue sólo la última y más espectacular de las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema uruguayo que juristas, criminólogos y analistas políticos vienen lanzándonos durante estos últimos años, en los que se flexibilizaron los controles del lavado de activos y en los que ha habido numerosos recambios en el Ministerio del Interior debido a la cercanía con grupos delictivos. Ojalá que 2023 pueda recordarse como una fecha en la que las dirigencias políticas uruguayas lograron superar sus diferencias y empezaron a levantar barreras a la penetración de las mafias, y no como la época en que quedó definitivamente al descubierto la rotura de esos diques.
Hasta mañana.