Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El debate parlamentario sobre un proyecto de ley de financiamiento de los partidos estaba estancado y las elecciones se aproximan. Con este panorama, y ante el acuerdo entre el Frente Amplio y los partidos Colorado e Independiente, se puede pensar que algo es mejor que nada, en términos prácticos y también en lo que tiene que ver con la imagen que se le muestra a la ciudadanía. Pero hay otra forma de evaluar el hecho, que lleva a conclusiones menos optimistas: considerar cuáles son los problemas que urge afrontar, y en qué medida puede servir para resolverlos el proyecto acordado.
En primer lugar, están los problemas tradicionales, vinculados, por ejemplo, con el riesgo de que las contribuciones privadas sean parte de un intercambio de favores, e incidan en decisiones políticas favorables a intereses económicos legales o ilegales.
En segundo lugar, el viejo riesgo mencionado en el párrafo anterior se agrava mucho debido a los avances del crimen organizado en Uruguay, y es crucial prevenir que compre complicidades en instituciones de gobierno, si no lo ha hecho ya. Siempre ha sido peligroso e indeseable que los partidos reciban dinero proveniente del mundo del delito, pero en la región y el resto del mundo está a la vista cuánto más peligroso e indeseable resulta que el dinero lo aporten grandes narcotraficantes.
En tercer lugar, y tanto en el caso de los problemas tradicionales como en el de los nuevos, es evidente que de poco sirven las normas cuando, como sucede desde hace muchos años en nuestro país, no hay recursos eficaces para controlar su cumplimiento. De hecho, sin esos recursos las buenas normas pueden ser contraproducentes, si crean la ilusión de que los riesgos están bajo control.
En el mundo se ha discutido mucho si la mejor solución es que el financiamiento de los partidos esté por completo a cargo del Estado o que se permitan también algunos aportes privados, prohibiendo otros. También hubo y hay quienes sostienen que no se tendrían que prohibir las contribuciones procedentes de ninguna actividad económica legal y que lo más importante es la transparencia, para que la ciudadanía sepa quiénes ponen dinero para cada candidatura y decida su voto con esa información a la vista. En cualquier caso, va de suyo que debe ser posible detectar las prácticas prohibidas y cualquier ocultamiento de información.
Si se declaran ilegales, por ejemplo, los aportes de empresas que contraten con el Estado, es obvio que nadie va a declarar que los recibió, y hay que contar con los medios necesarios para investigar si se produjeron bajo cuerda, o si detrás de una empresa que empieza a presentarse a licitaciones hay alguien que antes realizó contribuciones. Y así en todos los casos, teniendo en cuenta que cuanto más indebida sea la intención, más se intentará esconderla.
El acuerdo establece que “el Poder Ejecutivo dotará a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas de los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley”, pero las nuevas tareas se definen en términos muy generales, y parece muy poco probable que la ridícula escasez actual de personal y de medios para el contralor pueda revertirse en menos de un año.
Hasta el lunes.