Finalmente, este jueves se llegó a un acuerdo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio en torno al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos en la comisión especial de la cámara baja que trata el tema. El proyecto, al que accedió la diaria, consta de 35 artículos.

Entre los temas que generaban dudas a la oposición estaba la habilitación para que las empresas puedan contribuir a las campañas, pero el FA cedió en este punto y el artículo 6 establece que los partidos políticos, sectores internos y las listas de candidatos “podrán recibir aportes, donaciones y contribuciones, sea en dinero o en especie, de personas físicas o jurídicas debidamente identificadas que no reciban subsidios o subvenciones del Estado”, con algunas excepciones determinadas.

En el siguiente artículo se establece que se “podrá donar, en dinero o en especie, hasta el equivalente en pesos uruguayos de 300.000 UI (trescientas mil unidades indexadas) durante cada una de las campañas electorales internas, nacionales, departamentales y municipales”.

El artículo 9 establece las prohibiciones para las donaciones: por ejemplo, “que provengan de personas jurídicas no autorizadas, de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas, de asociaciones u organizaciones, aun cuando carezcan de personería jurídica, sea que tenga objeto civil, profesional, laboral, político, religioso, gremial, sindical, tengan o no fin de lucro, sean nacionales o extranjeras”. También de “estados, gobiernos y gobernantes extranjeros”.

Otro cambio que establece el proyecto es que puso un límite al aporte de su patrimonio que puede hacer el primer candidato de una lista. En ese sentido, el artículo 7 establece que “cuando los aportes sean realizados por los candidatos a cargos electivos, sea en dinero o en especie, los límites serán: para candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República hasta 1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas)”, y “para candidatos a cargos de Senadores, Diputados e Intendentes Departamentales hasta 800.000 UI (ochocientos mil unidades indexadas)”.

Regulación de la publicidad

En el artículo 11 se autoriza “la publicidad en formatos diferentes a los de la publicidad electoral, fuera de los períodos de campañas electorales, en el horario central, con la finalidad exclusiva de convocatorias a congresos, celebraciones, homenajes, eventos, actos y otras actividades partidarias puntuales”. “En estos casos, la información a comunicar deberá estar visible y deberá ocupar por lo menos el 90% (noventa por ciento) del tiempo de la pieza publicitaria”, se agrega.

En cuanto a la publicidad en los períodos electorales, en el artículo 14 se establecen los porcentajes de los espacios gratuitos de los lemas. Por ejemplo, 47,5% “en forma igualitaria entre los lemas que hayan comparecido en la elección anterior y tengan representación parlamentaria”, y el mismo porcentaje “en proporción directa a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatas anteriores”, y 5% “para los restantes partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos, igual al partido con menor representación parlamentaria”.

Además, dentro de los 15 días siguientes a cada acto electoral, los medios de comunicación “deberán presentar ante la Corte Electoral una declaración jurada conteniendo, diariamente, los minutos o fracciones de estos, gratuitos y contratados, destinados a publicidad electoral de cada partido político, acompañado de la grabación respectiva”.

Se agrega que “en un plazo no mayor a 48 horas hábiles contadas desde el vencimiento del plazo para la entrega de las declaraciones juradas, la Corte Electoral remitirá copia de las declaraciones juradas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y al Tribunal de Cuentas”. La Ursec, por su parte, “deberá controlar que el precio unitario por minuto o fracción adquirido de publicidad a cada medio de comunicación sea igual para todos los contratantes” y que “el tiempo contratado consignado en la declaración jurada coincida con la emisión efectiva en cada uno de los medios de comunicación”. También se establece que “ante la constatación de cualquier diferencia”, la Ursec podrá aplicar sanciones.

Hay un capítulo dedicado a las sanciones por incumplir lo dispuesto en la norma, en el que se indica que la Corte Electoral podrá aplicar a los partidos políticos varias multas. En el artículo 27 se dispone que “la persona física o jurídica o la organización o entidad sin personería jurídica que realice una donación, aporte o contribución en dinero o en especie, que contraríe lo dispuesto por esta ley, quedará inhibida de integrar el Registro Único de Proveedores del Estado por un período de cinco años”.

El directorio nacionalista tratará el tema el lunes

En cuanto a los pasos a seguir, el diputado colorado Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, dijo a la diaria que “el escenario óptimo sería que todos los partidos lo apoyaran”, porque sería “una señal muy buena, con mucha potencia, sobre un tema que ha estado arriba de la mesa durante mucho tiempo”. El diputado estima que será así y la semana que viene “va a haber apoyo de todos los partidos”.

El martes próximo, la comisión recibirá a jerarcas de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas para que den su opinión sobre el proyecto, y la idea es que el jueves se vote en comisión. Luego, dependerá de la negociación entre los partidos si el proyecto se trata en el plenario el mismo jueves 16 o pasa para el martes 21 de noviembre.

El diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano, que integra la comisión, dijo a la diaria que entre los compañeros de su partido están “intercambiando visiones” sobre el proyecto, lo que incluye, por estas horas, analizar el documento de consenso entre colorados, el PI y el FA, que se repartió este jueves. Además, el directorio de PN convocó a diputados blancos para el lunes, con el objetivo de conversar sobre el tema, y para ese día llevarán “conclusiones”, dijo Viviano.

El diputado señaló que recién había visto el proyecto acordado y hay algunos de sus puntos que los comparte, porque en la primera etapa de proceso estuvo trabajando en la iniciativa junto con el PC y el PI, pero después decidió “esperar un poco al partido”. Por último, Viviano subrayó que hay que buscar acuerdos y un mecanismo para que todos estén “de algún modo, reflejados en una norma que tiene que dar garantía a todos”. “Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todos los puntos. Entonces, esa situación la vamos a ver el día que vayamos a votar. Nos vamos a tomar unos días para cerrar alguna cosa que veníamos analizando y opinar sobre este proyecto también”, finalizó.