Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La actividad parlamentaria decae en los años electorales, cuando los legisladores dedican una parte creciente de su tiempo a participar en la campaña. Esto aumenta la importancia de esa actividad durante el año en curso, y sobran sin duda temas urgentes para el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, las prioridades planteadas por la bancada de senadores oficialistas sugieren que ya no les quedan acuerdos sobre ese tipo de temas, y se centran en atender reclamos de sectores específicos, por una mezcla de convicción propia y voluntad de cosechar en las elecciones de 2024.
Ayer la senadora nacionalista Graciela Bianchi, vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, destacó en especial el tratamiento de tres proyectos. El primero fue presentado a fines de 2010 por el actual presidente Luis Lacalle Pou, cuando era diputado, y ha sido retomado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, a pedido expreso de su autor original. Se refiere al “reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario”, y establece básicamente el derecho de personas e instituciones a no cumplir con obligaciones legales contrarias a sus convicciones (entre ellas, a texto expreso, las religiosas).
Esto abarca, sin detallarlas, una gran diversidad de situaciones, que incluyen las relacionadas con el deber de “rendir homenaje a los símbolos patrios” y con las obligaciones laborales en días de la semana en los que algunas religiones sostienen que sus fieles no deben trabajar. Pero el texto abunda especialmente en referencias al área de la salud, y no es ningún misterio que esto apunta a permitir que las “objeciones de conciencia” a la interrupción legal del embarazo no sean sólo individuales, sino también institucionales.
Los otros dos proyectos fueron presentados inicialmente por Cabildo Abierto (CA), pero se trataría de nuevas versiones con cambios. Cabe sospechar que su jerarquización tiene algo que ver con el trámite del proyecto de reforma jubilatoria en la Cámara de Representantes, donde los cabildantes no terminan de garantizar su indispensable apoyo.
Uno de ellos es el de prisión domiciliaria, cuya redacción original determinaba que ese beneficio se concediera en forma automática a todos los recluidos en la cárcel de Domingo Arena por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. El otro es el de reestructuración de deudas de personas físicas, que en principio fue frenado desde el Poder Ejecutivo y cuya modificación CA no estaba negociando con el resto del oficialismo, sino con el Frente Amplio. Son dos asuntos sumamente delicados, por motivos muy distintos.
En todo caso, las prioridades son llamativas, porque no abordan los problemas que afectan y desvelan a las grandes mayorías sociales. Lo mismo se puede decir del otro tema que los senadores de la coalición de gobierno decidieron jerarquizar en estos días: el inicio del proceso de juicio político a la intendenta frenteamplista de Montevideo, Carolina Cosse, a conciencia de que su único resultado será la agitación política y una crispación aún mayor de las relaciones entre oficialistas y opositores.
Hasta mañana.