Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cabildo Abierto admite su intención de legislar sobre el régimen de la prisión domiciliaria para que este beneficio se les otorgue a quienes participaron en el terrorismo de Estado. El Partido Nacional alega, en cambio, que su proyecto alternativo sobre el mismo tema se basa en un enfoque “abstracto” e “integral”, desligado de los casos particulares. Hay que reconocerles a los cabildantes, por lo menos, la sinceridad.
El proyecto de “corresponsabilidad en la crianza” o “tenencia compartida”, que iba camino de aprobarse al cierre de esta edición, busca incidir sobre las decisiones judiciales acerca del régimen de tenencia y visitas para hijas e hijos de parejas que se separan y no se ponen de acuerdo en este terreno (menos de 1,5%). Más específicamente, incidir sobre estas decisiones en los casos en que hay denuncias de violencia a uno de los progenitores.
Esto se apoya en la convicción, no fundada en evidencia, de que los juzgados resuelven a menudo con fallos injustos en perjuicio de los varones, debido al presunto avance normativo e ideológico de un feminismo “radical”, que conduce a la aceptación de falsas denuncias por parte de muchas madres. Tal es la narrativa explícita de los grupos que presionan desde hace años para que se apruebe una ley que revierta ese supuesto sesgo, y es un hecho que gran parte de estos grupos fueron formados por padres denunciados como violentos.
Entre quienes hablaron ayer a favor del proyecto en la Cámara de Representantes hubo varios alineamientos sin disimulo con este relato. Se sostuvo que en Uruguay hay un abuso del principio de precaución y violencia contra la infancia al privarla, “en forma injustificada, del contacto con uno de sus progenitores”, al amparo de leyes que urge modificar.
Es un discurso que no sólo choca contra los datos de la realidad registrados oficialmente, sino también contra los acuerdos internacionales en esta materia que Uruguay ha ratificado y tiene la obligación de respetar. No se trata de que en nuestro país se haya puesto el interés de las mujeres por encima del de la infancia, ni de que una mujer pueda impedir la tenencia compartida porque está “enojada” con una expareja que le fue infiel, como se llegó a decir ayer en sala. Lo que ocurre es que cuando el derecho de los progenitores al contacto con sus hijas e hijos se enfrenta con el derecho infantil a la protección, no caber ninguna duda de cuál debe prevalecer.
El intento de atenuar los aspectos más chocantes del proyecto original establece presuntas defensas del interés infantil mediante procedimientos judiciales que deberían ser a la vez rigurosos y veloces. Quienes conocen mínimamente la realidad saben que los recursos de los juzgados ya eran muy insuficientes para cumplir con las normas previas, y que sin aumentarlos no será posible cumplir con estas nuevas disposiciones.
Las niñas y niños de este país forman un sector de la población especialmente vulnerable y pobre, crecientemente expuesto a la violencia, que va a correr riesgos aún mayores hasta que esta ley insensata sea rectificada. Sólo cabe desear que esto ocurra a la mayor brevedad posible.
Hasta mañana.