Tras meses de crisis por la salinidad del agua en la zona metropolitana, el lunes el presidente Lacalle convocó a una conferencia de prensa para decretar una “emergencia hídrica” y anunciar medidas, como la colocación de un embalse en el río San José y la quita del IVA al agua embotellada, que fue tramitada rápidamente por el Legislativo.
Fiel a la creencia de que la libre competencia determina los precios, Lacalle consideró que no será necesario fiscalizar que esa quita de impuestos se traslade en una rebaja para los consumidores.
Del mismo modo, el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, manifestó que no sería bueno bajar la tarifa del agua que entrega OSE, a pesar de la notoria disminución de su calidad, porque piensa que ello derivaría en un mayor consumo de agua, que es lo que se quiere evitar.
La de Lacalle y Alfie es una lógica de “Estado mínimo”, que interviene apenas lo suficiente –y muy tarde, en este caso– y confía a las leyes del mercado la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Se trata de una postura muy distante a la noción del acceso a agua potable como un derecho básico, que está consagrado por nuestra Constitución desde 2004.
Este apego al liberalismo del núcleo gobernante, sin embargo, tiene sus peculiaridades: la información oficial será centralizada por la Presidencia de la República, lo que es una decisión muy cuestionable.
También es bastante difícil de entender, a menos que se emplee únicamente la calculadora electoral, por qué el gobierno nacional se negó a autorizar un préstamo no reembolsable del BID para paliar esta crisis que había conseguido tramitar la Intendencia de Montevideo.
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Los restos hallados en el Batallón 14 pertenecen a una mujer.
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La Justicia revirtió un fallo del año pasado y condenó a 15 años de prisión al empresario acusado de enviar 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en un container.
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