Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
“No tiene nada que ver una cosa con la otra”, dijo a la diaria Diego Burgueño, presidente de la Asociación Toda la Verdad, que se define como una agrupación de víctimas y familiares del “terrorismo sedicioso”. Una de las cosas es el proyecto que asigna reparaciones estatales a integrantes de esa asociación y a otras personas, cuyo tratamiento en el plenario de la Cámara de Representantes se iba a realizar el 7 de este mes, pero se postergó para el 4 de julio. La otra cosa es el último hallazgo de restos en el Batallón 14, que varias fuentes parlamentarias señalan como la causa de esa postergación.
Desde el punto de vista formal, Burgueño tiene razón. Se han planteado muchas objeciones a ese proyecto, cuyo largo e impreciso nombre indica que busca indemnizar a “víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos”, pero nadie ha planteado que beneficie a responsables de desapariciones forzadas, y aún si lo hiciera, las reparaciones estatales no son premios ni negarlas es una forma legítima de castigo.
Sin embargo, y con independencia de lo formal, es fácil entender por qué las dos cosas se mezclan. Burgueño alega que las personas a las que se asignaría la reparación (él entre ellas, como hijo de un muerto civil durante la “toma de Pando” tupamara), no son “el polo opuesto” a la causa de los detenidos desaparecidos, pero más allá de que Toda la Verdad venga impulsando este proyecto desde hace años, su principal defensor en el Parlamento es hoy Cabildo Abierto, y esto configura sin duda un escenario de contradicción ideológica con quienes acompañan a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Del mismo modo, y como lo señaló hace unos días el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, el beneficio de la prisión domiciliaria debe ser decidido por los jueces, en cada caso, de acuerdo con las situaciones de las personas privadas de libertad y aplicando criterios humanitarios, sin considerar si esas personas “lo merecen” o no en función de los delitos que cometieron. Pero, en los hechos, el proyecto cabildante en la materia, modificado en acuerdo con legisladores nacionalistas, apunta sin la menor duda a que la prisión domiciliaria beneficie a represores que participaron en el terrorismo de Estado, y esto ubica el debate parlamentario en el mismo campo de batalla.
Sería excelente que estos y otros temas se trataran con independencia de los grandes problemas pendientes en materia de verdad y justicia. Mejor aún sería, por supuesto, que la independencia se debiera, desde hace décadas, a la resolución de tales problemas.
Si ya hubieran hablado francamente quienes saben qué se hizo con los detenidos desaparecidos, no sería necesario, todavía, ir palmo a palmo en grandes áreas cauteladas, a la espera de que la excavación sistemática aporte resultados. También habría menos riesgo de que las condiciones de reclusión de los responsables se discutieran en términos de premios y castigos, o de que la contraposición entre “terrorismo sedicioso” y terrorismo de Estado se entreverara con la cuestión de las reparaciones.
Hasta mañana.