Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace apenas diez semanas Gustavo Penadés era el senador más importante del Partido Nacional (PN) y del oficialismo, referencia central para cualquier negociación interna o con la oposición y articulador principal de la lista 71, puntal del viejo Herrerismo. Hoy es una persona sin partido a la que el Senado decidió, por unanimidad, suspender como legislador.
Oficialistas y opositores aceptaron lo planteado en el pedido de desafuero que presentó la fiscal Alicia Ghione: las declaraciones de ocho víctimas son un punto de partida “claro y contundente”, que justifica avanzar hacia la imputación de Penadés por explotación sexual de adolescentes durante más de una década, y eventualmente por otros delitos.
Así terminó un capítulo de este vertiginoso proceso, que continuará en el sistema judicial, pero quedan planteadas, con independencia del desenlace jurídico, algunas grandes interrogantes a las que resulta difícil responder.
Las denuncias y testimonios en los que se basa la investigación de Ghione se produjeron porque hubo una primera acusación pública a fines de marzo, planteada por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, quien afirmó que cuando tenía 13 años Penadés había abusado de ella. A su vez, esta acusación de Papasso tuvo su origen explícito en hechos ocurridos a fines de enero durante la visita a Uruguay de Luiz Inácio Lula da Silva.
En aquel momento Papasso realizó una manifestación unipersonal de agresivo repudio frente a la Intendencia de Montevideo, donde una gran cantidad de personas se habían congregado para expresar su apoyo al presidente brasileño. Hubo incidentes, ella terminó detenida, y más de un dirigente nacionalista creyó conveniente tomar distancia de sus actos. Entre ellos, Penadés, quien declaró que no le constaba que Papasso integrara las estructuras políticas del PN.
¿Qué habría pasado si no se hubiera dado aquella sucesión de hechos en enero? ¿Los reiterados hechos de fuerte apariencia delictiva protagonizados por Penadés habrían permanecido ocultos? ¿Cuántas personas los conocían o los sospechaban, pero callaron durante por lo menos 17 años? Son preguntas que subrayan las enormes dificultades que persisten en Uruguay para afrontar los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, agravadas en este caso porque entre las personas dispuestas a no creer en acusaciones contra Penadés estaban, como ha sido público y notorio, nada menos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente Luis Lacalle Pou.
Hay otra gran pregunta, no tan inquietante pero que sin duda intriga. Penadés renunció anteayer al PN, que ya no tendrá que enviar su caso a la comisión de ética partidaria. Sin embargo, no se declaró legislador independiente ni renunció al Senado. Si lo hubiera hecho, no habría sido necesario que este tratara el pedido de desafuero.
Cabe la posibilidad teórica de que Penadés aún tenga esperanzas de que la Justicia no halle evidencia suficiente para condenarlo y la suspensión de ayer llegue a su fin, pero aun así es muy difícil que piense seriamente en reanudar su actividad parlamentaria. Por qué tomó este camino es un misterio.
Hasta mañana.