Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La Mesa Representativa del PIT-CNT decidió impulsar una reforma constitucional sobre temas de seguridad social, mediante recolección de firmas en apoyo a una propuesta aún no redactada, que se sometería a consulta popular en forma simultánea con las próximas elecciones nacionales. Esta resolución tendrá sin duda un impacto importante en el escenario político y abrirá varias polémicas.
El primer punto a destacar es la dispersión de posiciones que no lograron unificarse. La decisión se adoptó por una mayoría legítima pero relativa, de 16 votos en 44. Fueron más (28) quienes no la apoyaron, pero se dividieron en partes iguales entre dos propuestas muy distintas. Una para plebiscitar sólo la derogación de la reforma jubilatoria aprobada este año por el oficialismo; y otra para no impulsar ningún cambio de la Constitución en esta materia, con miras a encarar, en el próximo período de gobierno, un diálogo social y político que desemboque en una nueva ley de seguridad social.
En el terreno de la izquierda partidaria la dispersión es similar, aunque probablemente con una relación de fuerzas distinta. Esta situación tiene causas, vinculadas con carencias previas en la construcción de consensos sociales y políticos sobre una cuestión de enorme relevancia para el país.
La posición aprobada en el PIT-CNT era la que planteaba una propuesta más compleja, capaz de convocar a una mayor cantidad de sectores sociales, pero que a la vez abriría más frentes de debate difíciles de abordar en una campaña.
Por un lado, va contra la reforma jubilatoria de este año, ya que fija la edad mínima de retiro en 60 años, y esto apela a los trabajadores en actividad. Por otro, propone mejorar el mínimo jubilatorio (no está definido aún con qué procedimiento, pero se maneja equipararlo al salario mínimo nacional), y así convoca a los llamados pasivos. Por último, plantea la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), para volver a un sistema totalmente público, y esto implica una definición ideológica, que expresa casi tres décadas de oposición a la reforma aprobada en 1996.
Cada una de estas iniciativas conducirá a debates duros. En primer lugar, porque si se aprueban causarán un aumento significativo del desembolso estatal en el sistema jubilatorio. En el texto a plebiscitarse no se indicará de dónde van a salir los recursos, y si bien esto no tiene por qué estar en la Constitución, parece obvio que será una parte fundamental de las discusiones.
Por otra parte, los cambios demográficos, tecnológicos y sociales ponen en tela de juicio la idea de dejar fija en la Constitución una edad mínima de retiro, y es previsible que, ante la propuesta de eliminar las AFAP, se agiten temores sobre lo que ocurrirá con el dinero que una gran cantidad de personas se vio obligada a volcar en estas instituciones. Va de suyo, además, que el Estado podría afrontar demandas cuantiosas.
Estas cuestiones y varias otras, no menos complejas y que no hay espacio para tratar aquí, pueden determinar en gran medida los contenidos de la campaña electoral, tanto para la oposición como para el oficialismo, e incidir en los resultados.
Hasta el lunes.