Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ganar la presidencia y la mayoría parlamentaria son objetivos de obvia importancia en las campañas electorales, pero también se trata de crear condiciones para que el próximo gobierno, con amplio apoyo social y político, avance en la resolución de grandes problemas nacionales. Esto exige estar dispuesto a escuchar y valorar propuestas ajenas, y aumentar las posibilidades de diálogo y acuerdo. Por ejemplo, en lo relativo a la seguridad pública.
En la campaña de 2019 hubo un relato polarizador en la materia, que presentaba a los gobiernos del Frente Amplio (FA) como responsables de una catástrofe, y se atribuía la posesión de respuestas simples y eficaces para revertir por completo la situación.
Con este enfoque, el actual gobierno retrocedió en áreas donde se habían producido avances, y descalificó cualquier aporte frenteamplista o sospechoso de serlo, pero sus recetas no dieron el resultado prometido y, según demostró la vida, pasaban por alto varios problemas centrales. Entre ellos, el avance del crimen organizado, el agravamiento de desigualdades que aumentan la fragmentación social y el fracaso del sistema carcelario para prevenir la reincidencia.
Ni el gobierno actual ni los anteriores del FA lograron soluciones satisfactorias y esperanzadoras: esto debería aumentar la voluntad de sumar esfuerzos para encontrarlas, sin que cada bando alegue una vez más que sabe bien lo que debe hacer y sólo necesita ganar para hacerlo.
En estos días hubo manifestaciones a favor de la búsqueda de acuerdos amplios, pero no provinieron de las personas que, según las encuestas, tienen más probabilidades de asumir la presidencia el año que viene, y se centraron en el tema del combate al narcotráfico, de innegable prioridad pero no el único sobre el que habría que definir, por lo menos, una estrategia a mediano plazo con el mayor consenso posible.
Aumentar la seguridad exige integrar tareas de prevención, investigación, represión, reparación y rehabilitación, que abarquen desde las rapiñas y el abigeato hasta la mejora de la infraestructura, los servicios y las políticas culturales en los barrios; y desde la violencia de género hasta la modernización de herramientas contra los delitos informáticos (en el marco de una revisión integral del Código Penal, que lo actualice y establezca una escala racional y armónica de sanciones y medidas alternativas).
Esta estrategia requiere la participación de actores muy diversos, que incluyen al Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, los gobiernos departamentales y locales, los organismos de prevención de la corrupción, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, sin olvidar por supuesto a las que trabajan en territorio. No basta, además, con realizar una serie de reuniones y redactar documentos finales; estos deben ser el punto de partida para poner en marcha una continuidad de coordinaciones, evaluaciones y ajustes periódicos.
No todas las ideas en este terreno son compatibles entre sí, por motivos que van desde las diferencias ideológicas hasta la necesidad de establecer prioridades. En el mejor de los casos, se unificará lo unificable; en el peor, seguiremos a los bandazos.
Hasta mañana.