Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Charles Carrera era senador en agosto de 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, decidió presentar una denuncia contra él, señalándolo como responsable de que una persona baleada diez años antes en Rocha hubiera recibido atención médica en el Hospital Policial y tiques de alimentación mientras duró su tratamiento. Cabe señalar que, según la evidencia disponible, parece probable que el disparo que dejó parapléjica a esa persona haya partido de una casa del Ministerio del Interior.
La denuncia de Heber olió a represalia porque Carrera había tenido un papel protagónico en el cuestionamiento político y legal del acuerdo con Katoen Natie que amplió hasta 2081 su concesión de servicios portuarios, negociado por Heber cuando fue ministro de Transporte y Obras Públicas. En la investigación del caso Astesiano se comprobó que, a comienzos de 2022, Marcelo Acuña le encargó al entonces jefe de la seguridad presidencial que buscara elementos para presionar a Carrera y obligarlo a retirar la denuncia contra Heber. La Justicia condenó a Acuña por el intento de espionaje, pero no ha podido establecer para quiénes trabajaba.
También en 2022, las acusaciones contra Carrera fueron amplificadas por un programa de televisión y por una comisión investigadora parlamentaria que creó el oficialismo hoy saliente. El caso quedó a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, quien se tomó su tiempo para investigarlo antes de pedir el desafuero de Carrera un mes antes de las recientes elecciones nacionales, con claros efectos perjudiciales para él, para el Movimiento de Participación Popular (MPP) y para todo el Frente Amplio.
El pedido de desafuero ingresó al Parlamento el 25 de setiembre y el mismo día Carrera decidió renunciar a su banca para ser investigado. Además desistió de pedir el subsidio correspondiente y de su candidatura para seguir en el Senado durante el próximo período de gobierno. Las listas del MPP ya estaban impresas y ese sector frenteamplista debió comunicarle de antemano a la Corte Electoral que Carrera no asumiría si era elegido, como lo habría sido: iba tercero e ingresarán ocho.
Después de la renuncia, aceptada el 2 de octubre, Porteiro quedó habilitada para pedir la formalización de Carrera, pero no lo hizo. Pasaron octubre, noviembre y más de la mitad de diciembre sin que la fiscal solicitara la audiencia correspondiente. El caso está congelado y el abogado del ahora exlegislador, Juan Manuel González Rossi, no ha podido plantear ante un tribunal los argumentos que tiene preparados para sostener que es inocente de los delitos que se le atribuyen.
Lo que sí hizo la defensa de Carrera, ante la insólita demora de Porteiro, fue pedirle a la jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, que convoque a una audiencia para que la fiscal explique su prolongada inacción. Al amparo de su autonomía técnica, Porteiro causó a fines de setiembre una considerable conmoción política, pero una vez que esta se produjo parece haber menguado su ímpetu, como si no la hubiera movido el interés en que se hiciera justicia sino el de provocar un escándalo preelectoral. Ojalá que sus explicaciones demuestren que no fue así.
Hasta mañana.