Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Las afirmaciones de Lucía Topolansky en el libro Los indomables, de Pablo Cohen, siguieron dando que hablar, pero quizá pasen pronto al olvido, en función de un dato nada menor aportado por la exvicepresidenta.
Cuando tomó estado público que Topolansky había asegurado que algunas personas dieron falso testimonio ante la Justicia contra militares, y que otras incitaron a cometer ese delito, una de las muchas manifestaciones de rechazo provino de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y esta organización fue la única que recibió respuesta.
En una carta que se dio a conocer el lunes, Topolansky reafirmó que conocía la existencia de uno o más falsos testimonios, pero expresó que había sido un error mencionar esto durante las entrevistas con Cohen, así como no haber revisado el texto del libro antes de que se editara y eliminar el pasaje correspondiente. Agregó una puntualización muy importante, al señalar que sus dichos se habían referido a “juicios en Buenos Aires”.
Más de un represor uruguayo ha comparecido ante la Justicia de Argentina por crímenes cometidos en ese país porque hubo coordinación entre dictaduras para el terrorismo de Estado. La cuestión es que ningún juicio en Buenos Aires ha determinado que alguien esté preso en Uruguay ni cuestiona las actuaciones y decisiones del sistema judicial uruguayo.
La Fiscalía y el Poder Judicial de Uruguay tienen procedimientos garantistas para investigar y procesar, incluyendo las posibilidades de interponer variados recursos y de apelar, como se ha hecho abundantemente en estos casos. De todos modos, si alguien manifiesta saber que hubo algún testimonio falso, corresponde indagar si hay evidencia de ello, y por eso el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe (sin desmedro de manifestar su convicción de que las víctimas “han expresado la verdad” y “no existe confabulación alguna para perjudicar a nadie”), pidió que se citara a Topolansky en calidad de testigo.
La jueza en lo penal de 27° turno, Verónica Pena, consideró que esto no correspondía y le solicitó a Fiscalía que abriese una nueva causa. Si así ocurriera, y Topolansky reafirmara lo que le escribió a Familiares, el sistema judicial uruguayo no tendría nada que investigar, ni causa alguna que revisar, porque se trataría de presuntos hechos con apariencia delictiva en Argentina, y en todo caso le tocaría a la Justicia de ese país hacerse cargo.
Nada de lo antedicho le quita gravedad a la afirmación genérica de Topolansky, que sembró dudas sobre todas las indudables víctimas y sobre todas las demás personas que han dado testimonio acerca de la represión, pero en lo referido a los procesos uruguayos, su precisión posterior es muy relevante.
Por último, hay que plantear una reflexión de fondo. Si en Uruguay hubieran existido autocrítica, arrepentimiento, franqueza y voluntad de saneamiento por parte de los responsables de atrocidades, el problema no existiría. Si alguien estuviera preso por un crimen que no cometió, esto se debería a que una o más personas callaron o mintieron para salvarse. Si con alguien se cometió una injusticia, la verdad que nos falta lo hará libre.
Hasta mañana.