Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Entrevistada para el libro Los indomables, de Pablo Cohen, que se publicó recientemente, la exvicepresidenta Lucía Topolansky afirmó que conoce a personas que mintieron ante la Justicia para que se condenara a represores de la dictadura cívico-militar. La divulgación de este pasaje causó revuelo ayer, y desplazó en la agenda informativa a la transición de gobierno. El expresidente José Mujica sostuvo que lo dicho por su esposa era cierto, aunque no fue algo “generalizado”. Quizá lo primero y más importante es situar el hecho en su contexto indiscutible y evaluar sus consecuencias objetivas.
El Estado uruguayo es responsable de muchas atrocidades, cometidas en el proceso autoritario que incluyó a la dictadura cívico-militar pero comenzó antes. Aun si dejáramos de lado las graves consecuencias sociales e ideológicas que tuvo la violación de derechos básicos, o los delitos económicos, o los beneficios ilegítimos, quedan el trato inhumano y degradante a personas detenidas, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Sólo una parte de las víctimas integraron organizaciones armadas con intención revolucionaria. Muchísimas más fueron atacadas con saña por su militancia social y política, en la legalidad primero y en la legítima resistencia a la dictadura después.
Desde comienzos de este siglo, el sistema judicial ha intentado que se cumplan la ley y los pactos internacionales que nos obligan, con todas las dificultades causadas por décadas de impunidad y por el pacto de silencio que busca prolongarlas, pero también con todos los controles y garantías vigentes del debido proceso. En decenas de causas se han logrado condenas, en otras se está cerca de ese resultado y es obvio que se abrirán unas cuantas más.
Quedan grandes áreas en el debe. No se ha hecho justicia con muchos civiles que, sin participar personalmente en el terrorismo de Estado, tuvieron un papel crucial y taimado en su gestación, su orientación ideológica y su sustento. Sigue secuestrada la verdad sobre la gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada, cuyos restos no se han encontrado.
Por la impunidad se trabaja de varias formas. Uno de los frentes de batalla es el intento de falsificar la historia y de urdir un relato con “dos demonios” equivalentes. Otro es el ataque sistemático al sistema judicial, acusándolo de actuar al servicio de la venganza a partir de mentiras. Así se busca desacreditarlo y revertir sus avances, presentando como víctimas a criminales que ni siquiera manifiestan arrepentimiento.
Afirmar que “hay personas” que cometieron el delito de falso testimonio contra militares e incitaron a que se cometiera ensucia en forma indiscriminada. Es como cuando se dice que “hay mujeres” que presentan denuncias falsas por violencia de género y a las que el sistema judicial ampara, difamando al barrer a una enorme cantidad de víctimas verdaderas y de procesos bien realizados.
No hay forma de saber si los dichos de Topolansky y Mujica se debieron a convicciones personales con o sin base firme, a una maquinación política o a alguna otra causa. Lo que resulta indudable es que beneficiaron a fuerzas malignas.
Hasta mañana.