La Fiscalía General de la Nación informó hace diez días que había formalizado a tres personas por el cargamento de 2,16 toneladas de cocaína que salió del puerto de Montevideo y se incautó en Amberes a finales de diciembre. La droga estaba camuflada en alfajores y budines Portezuelo.
Uno de los formalizados es el dueño de Liderking y Dositar, las empresas que operaban en Zonamérica y tuvieron a cargo la exportación de la mercadería. Lo imputaron por tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y se dispuso su prisión preventiva. También formalizaron a un socio del empresario, pero sólo se le aplicaron medidas limitativas –fijación de domicilio y prohibición de salir del país–, debido a que la Fiscalía entendió que no había elementos para vincularlo “directamente con la exportación de la cocaína”.
Otro empresario transportista también fue formalizado con prisión preventiva, en su caso por asistencia al narcotráfico. Se trata de Carlos Mengen, un exconcejal blanco de Cardona que hasta diciembre ocupaba el cargo de coordinador de ese municipio, según informó el periódico Centenario y confirmó la diaria.
Centenario informó que el alcalde de Cardona, Ruben Valentín, aceptó la renuncia de Mengen el 29 de diciembre. La incautación en Amberes había sido el día antes, y de inmediato se puso al tanto a las autoridades uruguayas.
Mengen había sido concejal de Cardona en el período 2015-2020 y hace poco más de un año el alcalde lo designó coordinador del municipio. Por otra parte, el periódico Centenario informó que la Brigada Antinarcóticos llevó a cabo procedimientos en Florencio Sánchez y Cardona el 9 de febrero, puntualmente a una empresa transportista local a la que se le incautó un camión. Según informaron fuentes vinculadas al caso, Mengen se encargó de contratar al camión que llevó la droga al depósito y estaba al tanto de toda la operativa.
Detalles del caso
El contenedor con la cocaína que se encontró en Amberes salió del puerto de Montevideo el 21 de noviembre, en la embarcación San Lorenzo Maersk. Luego hizo escalas en los puertos brasileños de Río Grande, Paranagua y Santos, y finalmente llegó al puerto de Amberes, en Bélgica, el 27 de diciembre.
Uno de los contenedores, con el número TRHU-2754689 y una carga de 5.230 kilos, había entrado a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) el 17 de noviembre, procedente de Zonamérica y luego de pasar por los controles de Aduanas. Dentro del contenedor había 22.320 unidades de budines y alfajores de la marca Portezuelo, más de 1.000 botellas de vermut y 2,16 toneladas de cocaína.
En Uruguay la investigación quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía de Estupefacientes, Aduanas, la Brigada de Narcóticos y la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval.
Durante la investigación se constató que los budines y alfajores Portezuelo se adquirieron en Tienda Inglesa. La Fiscalía informó que esa mercadería se transportó a un depósito en Canelones, donde se habría “contaminado” la carga, antes de ingresar a Zonamérica.
Otra particularidad del caso es que está conectado con un cambio a las normas antilavado en la última Rendición de Cuentas. Un artículo del proyecto flexibilizó los controles a las empresas usuarias de zonas francas; por lo tanto, las empresas investigadas en este caso recibieron ese beneficio.
El artículo 109 de esa ley excluyó como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos a los usuarios “directos e indirectos” de zonas francas que desarrollen “únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías”. La obligación estaba en la ley integral contra el lavado de activos (19.574), que en el literal G del artículo 13 establecía esa obligación dentro del sector no financiero para los “explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación”.