Informe de inteligencia policial señala al Puerto de Montevideo como “un punto de alto riesgo” para el tráfico de armas

El Ministerio del Interior admitió, en respuesta a un pedido de informes formulado por el senador nacionalista Nicolás Martinelli, que no tiene la información suficiente como para determinar qué porcentaje de las armas que incauta son de origen ilegal, ni para hacer una trazabilidad de las municiones incautadas.

El 17 de junio, Martinelli hizo un pedido de informes a la cartera relativo al origen de las municiones utilizadas en hechos violentos y la información balística disponible en poder del Estado. Una de las consultas particulares apuntó a conocer cuántas de las armas de fuego utilizadas para cometer homicidios que han sido incautadas provienen del mercado lícito y cuáles del mercado ilícito.

“Ni el Ministerio del Interior ni el Ministerio de Defensa Nacional realizan de forma sistemática un análisis sobre el estatus registral de las armas incautadas en homicidios”, respondió el ministerio a través de un informe del Área de Estadística y Criminología Aplicada. Aclaró a continuación que un análisis de este tipo requeriría que el arma conserve su número de serie legible, “condición que en la mayoría de los casos no se cumple”, porque muchas veces se remueve o altera el número de serie. Otras veces, el dato no se registra en el procedimiento de incautación, apuntaron las autoridades.

Recién a principios de este año comenzó a realizarse un análisis de esta información en coordinación entre el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Policía Científica, y con relación a las armas incautadas en 2024. El informe arroja que de 254 armas de fuego incautadas vinculadas a homicidios ese año, solo 54 (el 21,3% del total) disponían de la información necesaria para su cotejo en el Registro Nacional de Armas. De estas, el 83,3% estaban registradas.

En el período 2020-2025, de 29.191 armas destruidas, 12.214 carecían de registro, lo que equivale al 41,8% del total del período. Dentro de las no registradas se incluyen aquellas con la numeración suprimida.

En cuanto a las municiones incautadas o periciadas, la respuesta al pedido de informes, proporcionada por el Departamento de Balística Forense de la cartera, señala que en 2025 se incautaron 49.157 y en lo que va de 2026, 28.337. No es posible determinar, advirtió el organismo, cuántas de estas municiones ingresaron por vías legales al mercado uruguayo, porque un decreto de 2020 que reglamentó la ley 19.247 de porte y tenencia de armas dejó sin efecto una disposición que permitía a las autoridades conocer las marcas de municiones existentes y habilitadas en el mercado interno. El decreto 345/020 determinó que se perdiera “la trazabilidad de lo importado legalmente al país”, indica la respuesta. “No existe forma de poder establecer si la cartuchería ingresó legalmente al país mediante sus importadores legales o si son fruto del tráfico internacional, ya que además de la marca y el calibre, carecen de grabados que individualicen a su vendedor o del país al cual fueron importados”, señala el organismo.

Incluso en el caso de la cartuchería utilizada por el Ministerio del Interior, tampoco puede establecerse su origen cuando ingresa al mercado ilícito, porque desde 2023 la cartera dejó de importar cartuchería loteada con marca, calibre y procedencia.

En busca, en parte, de subsanar esta falta de información, el Ministerio del Interior redactó y envió al presidente Yamandú Orsi un decreto para mejorar el control de las armas, que establece que deberán tener marcaje y se prohíbe la “importación y comercialización de armas cuyas numeraciones de fábrica hayan sido colocadas mediante tecnología láser”, ya que esta forma de marcar dificulta el rastreo del arma si termina siendo utilizada en el mercado ilegal. La obligatoriedad del marcaje también regirá para las municiones utilizadas por los efectivos del Ministerio del Interior y los militares del Ministerio de Defensa.

Frontera con Argentina y puerto de Montevideo como “punto de alto riesgo”

En un documento de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP) de marzo de 2026, al que accedió la diaria, se analizan las dinámicas del tráfico de armas y municiones en Uruguay. Todo el armamento que circula en Uruguay proviene del exterior, e ingresa a través de importaciones legales o maniobras ilegales.

“A la fecha, no se ha constatado la existencia de organizaciones delictivas que se dediquen de manera exclusiva al tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos o materiales conexos”, indica el informe. En cambio, las armas ingresan al mercado ilegal a través de otras vías.

En primer lugar, indica el organismo, “hay individuos o pequeños grupos con escaso nivel de organización cuya actividad principal es el contrabando de mercaderías”, en general radicados en departamentos del litoral como Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto, que ingresan las armas tanto por vía terrestre como fluvial. En el primer caso, lo hacen a través de los puentes internacionales de la frontera con Argentina, escondiéndolas en los vehículos, y en el segundo caso, en pequeñas embarcaciones a través del río Uruguay, “contando generalmente con la participación de ‘lancheros’ argentinos y/o paraguayos que facilitan el traslado de armas, municiones y materiales relacionados”. También hay personas que se dedican exclusivamente al tráfico de armas de fuego para proveer a grupos delictivos organizados, pero sin una estructura detrás.

Según el informe, también se han detectado casos de personas que son utilizadas por organizaciones criminales “a los efectos de cumplir con todos los requisitos formales en virtud de obtener el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas”, y con este título poder comprar armas –en particular pistolas calibre 9 milímetros– y desviarlas al mercado ilegal.

Hay armas que también ingresan ilegalmente pero que tienen como destino actividades de caza, y finalmente, “hay organizaciones delictivas estructuradas cuya actividad central es el narcotráfico, e incorporan el tráfico de armas de fuego y municiones como delito conexo”. “Se trata, en particular, de grupos asociados al crimen transfronterizo, que abastecen de sustancias estupefacientes y en determinadas circunstancias, de armamento a organizaciones delictivas uruguayas”, apunta el informe.

El documento alerta también que “el Puerto de Montevideo puede ser considerado como un punto de alto riesgo en lo que refiere al tráfico de armas y municiones, dado el alto número de contenedores que diariamente ingresa y egresa del país, versus el control de un porcentaje poco significativo de la carga, lo que se vuelve un escenario permeable a tales efectos”.

Las armas hurtadas y los fusiles “fantasma”

El informe menciona que el robo de armas mediante hurtos o rapiñas viene en descenso: pasó de 862 armas en 2023 a 606 en 2025. Las armas robadas muchas veces son comercializadas a través de redes sociales, principalmente Facebook, Whatsapp y Telegram.

El documento también se detiene en los denominados fusiles “fantasma”, de “significativo poder de fuego”, “cuya característica principal está dada por el hecho de carecer de elementos de identificación que permitan determinar su origen, procedencia y trazabilidad”. Indica que este tipo de armas circulan en nuestro país desde 2019 en manos de grupos delictivos vinculados al narcotráfico. Según información de la Dirección Nacional de Policía Científica, hasta 2025 se incautaron 113 fusiles, “con una confirmación fehaciente de que 37 se tratan de fusiles fantasma”. “En el mismo sentido se han incautado pistolas calibres 9mm, 40 y 45, las cuales no se encuentran en el registro nacional, por lo que se infiere que las mismas serían ingresadas desde la frontera con Argentina”, apuntó el informe.

También se ha detectado el ingreso a Uruguay, a través del Aeropuerto de Carrasco, de piezas para el armado de fusiles fantasma que no solo tienen como destino Uruguay, sino que se trafican a Brasil.

La dirección policial admite que la existencia de actividades de tráfico interno e internacional de armas de fuego, municiones y materiales relacionados “repercuten en la seguridad pública, en la medida en que las armas traficadas alimentan el poder de fuego de grupos delictivos”.

Alerta finalmente que las penas mínimas por delitos relacionados a las armas de fuego “discrepan considerablemente con las penas en los países vecinos” y “tampoco poseen concordancia con las penas por delitos vinculados a sustancias estupefacientes en nuestro país”.