Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El viernes de la semana pasada, en Tacuarembó, el presidente Luis Lacalle Pou asistió a la inauguración de la temporada de cosecha de arroz y exhortó a los cultivadores del grano a insistir con el reclamo de que se desmonopolice la importación de combustibles. Recordó que él incluyó esta propuesta en el proyecto de ley de urgente consideración de 2020, pero alegó que no tuvo el “poder de convicción” necesario para que los artículos correspondientes fueran aprobados en el Parlamento por una mayoría oficialista. Dijo además que “las condiciones ahora son más propicias” para la desmonopolización, porque “Ancap está mejor”.
Esto reactivó parte de la polémica que llevó hace cuatro años al fracaso de la iniciativa. El senador nacionalista Sebastián da Silva reafirmó que la apoya y su par Guido Manini Ríos señaló que Cabildo Abierto sigue oponiéndose a ella como lo hizo hace cuatro años junto con la mayoría del Partido Colorado. Manini destacó, además, un dato nada menor al agregar que “hay que decirle a la gente que si al combustible importado se le suman los impuestos actuales, el precio no variará mucho”. Ahí está el centro de la cuestión.
Lo que quieren los cultivadores de arroz, al igual que otros productores y muchas más personas, es que el precio de venta al público de los combustibles sea menor. La idea de que esto se lograría al desmonopolizar la importación procede de intereses empresariales (vinculados con la eventual desmonopolización) y de visiones ideológicas (las de quienes sostienen, doctrinariamente, que en cualquier negocio es mejor la ausencia del Estado), pero tiene poco asidero en la realidad.
Una parte de quienes acostumbran cruzar las fronteras hacia países vecinos para comprar combustible creen que su menor precio se mantendría con la importación privada. Sin embargo, la gran diferencia se debe a que en Uruguay hay altos impuestos a la venta de combustibles, que se trasladan a los consumidores y constituyen cerca de la mitad de lo que pagan por cada litro de nafta.
En comparación con esto, el costo de la presunta ineficiencia de Ancap es insignificante. Sin disminución de la carga impositiva, el precio en Uruguay de combustibles importados por el sector privado sería, como dijo Manini, muy semejante al de los que vende Ancap. Esto lo sabe, sin duda, Lacalle Pou, y lo tendría que saber también Da Silva.
El Poder Ejecutivo no ha propuesto en estos años una rebaja de los impuestos a los combustibles, y la principal razón de que su precio siga siendo mayor que en otros países no tiene que ver con que Ancap esté mejor o peor, sino con que el gobierno no quiere renunciar a una importante fuente de sus ingresos actuales, ni está en sus planes sustituirla por otra.
Otra causa es que cuando se comparan los precios regionales en dólares, hay consecuencias del llamado “atraso cambiario”: si el dólar en Uruguay estuviera más caro, el precio en dólares de los combustibles sería menor.
En todo caso, el problema político de Lacalle Pou es que prometió combustibles más baratos y no ha cumplido. En vez de reconocer que agitó una falsa solución, insiste con ella y sigue despreciando la evidencia.
Hasta mañana.