Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Se reactivó el interés internacional por la exploración petrolera en la plataforma marina uruguaya y el Poder Ejecutivo estudia propuestas en tal sentido sobre las que aportamos datos en esta edición, tras un pedido de acceso a información pública presentado por la diaria. La noticia requiere explicaciones y comentarios.
La exploración implica un relevamiento sísmico: básicamente, se realizan disparos de aire comprimido desde buques, esto produce ondas de sonido que impactan en el subsuelo y, cuando vuelven hacia la superficie, son registradas por sensores. Así se obtienen datos sobre la eventual presencia de yacimientos.
En este sentido, se trata de una técnica no intrusiva, pero no de una inofensiva, porque bajo la superficie de las aguas hay mucho más que un fondo a explorar en busca de petróleo. Las ondas de sonido tienen efectos perjudiciales para la fauna marina, que van desde la desorientación hasta la muerte. Las medidas de “mitigación” habituales consisten en observar si hay animales sensibles antes de realizar los disparos y en activar la fuente de sonido en forma gradual para que tengan tiempo de alejarse, pero es muy difícil garantizar que el protocolo se cumpla en forma estricta y, aun así, el daño es posible.
Es un ejemplo más de la tensión entre los intereses económicos y el cuidado del ambiente. Como es habitual en Uruguay y en otros países, esa tensión se manifiesta también en el terreno institucional.
Varias empresas internacionales quieren llevar adelante actividades de prospección con la técnica mencionada para venderles luego informes a compañías petroleras si detectan perspectivas promisorias de explotación. Como primer paso, se dirigen al Ministerio de Ambiente (MA) para gestionar una autorización preliminar, y el informe inicial de los técnicos del MA señala, entre otras cosas, que la eventual exploración simultánea en distintos “bloques” de la plataforma marina uruguaya potenciaría los impactos negativos.
Mientras el ministerio procede con sus trámites, Ancap avanza en la misma dirección que los privados mediante la contratación directa de una de las prospectoras, autorizada por el Poder Ejecutivo. El acuerdo firmado incluye el compromiso de que Ancap coopere en la gestión de las autorizaciones necesarias para la exploración y, si esta conduce al hallazgo de yacimientos, también para la explotación.
Además, el contrato establece la confidencialidad de los datos obtenidos, salvo en eventuales negociaciones con petroleras interesadas. El proceso tiene obvio interés público, pero la información quedará en reserva.
Uruguay, tras lograr en este siglo un cambio de su matriz energética reconocido internacionalmente, procura convertirse en un país petrolero. Mientras tanto, en el mundo se encara una transición hacia el uso cada vez menor de combustibles fósiles, ante la evidencia de perjuicios que incluyen el cambio climático. Es cierto que en el mejor de los casos esa transición será gradual y que hallar yacimientos implicaría unos cuantos años de beneficios económicos, pero el balance entre estos y los costos ambientales no se mide –o no debería medirse– sólo en escala nacional y a corto plazo.
Hasta mañana.