Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En teoría, cuando un organismo de prevención de la tortura inspecciona instituciones estatales para la protección de la niñez y la adolescencia, cabe esperar que no encuentre nada cuestionable. En la práctica, el resultado es otro y señala problemas pendientes de mucha gravedad, que no comenzaron en el período de gobierno que termina y que urge considerar en vísperas del próximo.
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, dependiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, publicó un informe sobre 11 visitas no anunciadas a diez de los 13 centros de protección especial de 24 horas del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que existen en los departamentos de Colonia, San José y Soriano. En esas visitas, realizadas de abril a junio del año pasado, se constató que la insuficiencia de personal y de recursos materiales determina exposición a redes de explotación sexual y de tráfico de drogas, allí donde el Estado debe garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
No es novedad, lamentablemente. El año pasado tuvo especial repercusión la muerte de una adolescente de 16 años que había estado a cargo del INAU en Rivera; había sido víctima de explotación sexual durante “salidas no acordadas” y tenía un embarazo de 32 semanas.
En el período en el que se realizaron las visitas, la población infantil y adolescente a cargo del INAU era de unas 8.000 personas. De ellas, 660 estaban en la región suroeste del país, y nada indica que en esta se presenten las peores situaciones. De esas 660, 345 estaban en los centros inspeccionados. La escala importa: no hablamos de una cantidad descomunal y, sin embargo, el aumento de los ingresos superó la capacidad de atención. Uno de los centros estaba en condiciones de ocuparse de 23 personas y tenía a su cargo 85.
A esto hay que agregarle que las certificaciones prolongadas de trabajadores contribuían a la sobrecarga de tareas, sin la supervisión correspondiente en seis de los diez centros. Personal investigado por malos tratos seguía en tareas de atención directa. Los períodos de institucionalización se prolongan y son frecuentes los reingresos, tras altas fallidas que a menudo carecen de la supervisión necesaria.
Se registró un considerable déficit de atención en materia de salud mental y consumo problemático. Puede transcurrir más de un año sin que haya respuesta tras un episodio agudo. Había consumo y tráfico en los centros, y no existían condiciones para una gestión adecuada de las salidas no acordadas, que eran muy frecuentes. El contacto con el Poder Judicial, que debería ser fluido, dejaba mucho que desear.
Ninguno de los diez centros visitados tenía condiciones de accesibilidad y la mitad presentaba problemas de acondicionamiento no atendidos con celeridad. En dos de ellos la infraestructura era inaceptable.
Con seguridad, el personal que trabaja en los centros visitados y en todos los demás incluye a muchas personas que no sólo cumplen sus tareas, sino que además aportan esfuerzos adicionales en forma elogiable, pero la buena voluntad no basta en ausencia de condiciones básicas para que las normas se cumplan.
Hasta mañana.