Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Entre los temas de “gran porte” que el gobierno entrante deberá afrontar con mayor urgencia están la situación de la mutualista Casmu, el proyecto Neptuno y la Caja de Profesionales. Fuera de concurso, se sumó a ese listado la crisis de los fondos ganaderos, un asunto que las nuevas autoridades monitorean con la esperanza de que la onda expansiva no llegue a otros sectores de la economía. En 2025 la administración frenteamplista también deberá lidiar con otro diferendo que pautó la discusión política en este quinquenio: el acuerdo que firmó el Estado uruguayo con la empresa belga Katoen Natie.
Cuando en febrero de 2021 la administración de Luis Lacalle Pou decidió extender la concesión del negocio de los contenedores a Terminal Cuenca del Plata (TCP) por un plazo de 60 años –hasta 2081–, quedaron establecidas algunas contrapartidas, entre ellas, que la empresa se comprometía a invertir unos 550 millones de dólares en la ampliación de las obras en el puerto de Montevideo.
El tema volvió a estar en agenda luego de que a finales de enero tomara estado público que el cronograma de esas obras tenía un año de atraso y que 130 trabajadores fueron enviados al seguro de paro por un diferendo empresarial, tal como desarrolla nuestro compañero Matías Kapek.
Si bien Katoen Natie responsabiliza por las demoras a las empresas que tienen a su cargo las obras civiles –la también belga Jan De Nul, contratista principal, y las subcontratistas Mota-Engil (Portugal) y Stiler (Uruguay)–, para las autoridades designadas por el gobierno entrante se trata de un incumplimiento del acuerdo, ya que el cronograma de ejecución de obras establecía que deberían finalizar en el segundo semestre de 2025.
No es la única situación vinculada al acuerdo entre Katoen Natie y el Estado uruguayo que la nueva administración seguirá con atención en el transcurso de los próximos meses. Según pudo saber la diaria, está previsto que en junio de 2025 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se expida sobre uno de los recursos de nulidad que presentó Montecon, la otra empresa que opera con contenedores en el puerto de Montevideo. En 2022, la competidora de Katoen Natie pidió la revocación del reglamento general de atraque de buques, una parte esencial del acuerdo que establece la preferencia de las cargas a favor de la multinacional belga.
El pronunciamiento del TCA puede resultar clave para la estrategia del gobierno que asumirá en marzo. Si el órgano independiente fallara a favor de los intereses de Montecon, la actual posición dominante de Katoen Natie quedaría debilitada y la nueva administración tendría chances de iniciar una negociación “a dos bandas”. En ese escenario hipotético de “borrón y cuenta nueva”, el Estado uruguayo también podría pedirle a Montecon que retire las dos demandas por 600 millones de dólares que presentaron sus accionistas –la chilena Ultramar y la canadiense ATCO– ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.
Hasta mañana.