Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Partido Nacional quiere una docena de cargos más para la oposición en este período de gobierno, y maneja como elemento de presión la posibilidad de no aprobar las venias requeridas para designar directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Es una posición inusual que requiere algunas explicaciones.
Para empezar, en la cuenta de los cargos se incluyen algunos en el Poder Legislativo y la Corte Electoral que no son de gobierno, pero que se les suelen asignar a personas propuestas por los partidos. Además, se ofrecieron y se piden lugares en organismos binacionales y en República AFAP, que es una sociedad anónima con capital estatal.
Por otra parte, gana terreno la costumbre de llamarles “cargos de contralor” a todos los ocupados por representantes opositores en la administración descentralizada, pero esto no surge de ninguna norma. En realidad, el único organismo de contralor es el Tribunal de Cuentas (TC), que no es ente ni servicio.
La Constitución establece que para designar a integrantes del TC hace falta una mayoría de dos tercios en el Senado y esto exige un acuerdo político, pero puede pasar –y ha pasado– que tal acuerdo no se logre y permanezcan las personas elegidas en períodos de gobierno previos, con otras relaciones de fuerzas en el Parlamento. Ocurre lo mismo con las mayorías de dos tercios necesarias para designar integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (que no es de contralor, sino un organismo encargado de los litigios de particulares contra el Estado), y a cinco de las nueve personas que forman parte de la Corte Electoral, que deben ofrecer “garantías de imparcialidad” (las otras cuatro personas son “representantes de los partidos”, elegidas en forma proporcional a su presencia en la Asamblea General). Pero este último organismo “controla” la realización de elecciones, no los actos de gobierno.
Quedan los directorios de entes y servicios, y nada obliga a que en alguno de ellos haya representantes de la oposición. Se supone que las propuestas deben basarse en “condiciones personales, funcionales y técnicas”, pero es de público conocimiento que este criterio no siempre se aplica, ningún presidente ha propuesto a una mayoría de opositores capacitados y algunos cubrieron todos los cargos con oficialistas.
En anteriores gobiernos de coalición ha sucedido que los debates sobre distribución de cargos entre oficialistas se prolongaran durante meses, e incluso que el presidente postergara el envío de solicitudes de venia hasta que sus aliados votaran la ley de presupuesto u otras iniciativas relevantes. Pero cuando la oposición ha sido minoría en el Senado, lo habitual ha sido que aceptara o rechazara lo que le ofrecían, sin que se le ocurriera complicar el trámite.
Entre otras cosas, porque el único resultado posible es simplemente demorar el comienzo de la nueva gestión: según indica el artículo 187 de la Constitución, si un pedido de venia no logra mayoría especial, el Ejecutivo puede reiterarla 60 días después y para aprobarla en esa segunda ocasión, basta con el voto de la mitad más uno de quienes integran el Senado, una mayoría con la que el Frente Amplio cuenta.
Hasta mañana.