Ayer, el presidente Orsi, flanqueado por la ministra de Defensa Nacional y el prosecretario de Presidencia, confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama referido a la compra de dos patrulleras océanicas.
No fue una sorpresa, porque además de todas las irregularidades que fueron surgiendo desde octubre, cuando Orsi anunció que se habían detectado problemas graves en los papeles de la empresa, esta semana se dio a conocer un informe externo que pone en duda su capacidad técnica.
A Mario Cardama no le agradó la anunciada rescisión y tampoco a Javier García, que, cuando era ministro de Defensa Nacional, inició las gestiones con el empresario español: el Partido Nacional impulsará la creación de una comisión investigadora en el Parlamento para conocer más detalles sobre la anulación del contrato.
Sobre los riesgos que estas decisiones implican para la oposición habla nuestro editorial.
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