En junio la Universidad de la República (Udelar), el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) emitieron una declaración conjunta, titulada “Es momento de fortalecer nuestra ciencia”, para destacar los aportes de la ciencia uruguaya en el combate a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Allí también alertaban sobre el impacto de la aplicación del Decreto 90/020 del gobierno, que impone un recorte de 15% en los gastos de todas las instituciones públicas. Al respecto, manifestaban: “No podemos permitirnos erosionar estas capacidades que tardan años en crearse, pero pueden ser destruidas rápidamente. Lo que nos está demostrando este momento es que no debemos recortar el apoyo financiero a las instituciones que hacen ciencia, como surge del Decreto 90/020”.
Esta semana hubo algunos movimientos respecto de los recortes presupuestales al sistema científico. Por un lado, Flavio Caiafa, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), confirmó en el programa radial Doble click de la emisora Del Sol que, temporalmente, se “cerraban las ventanillas de emprendimientos e innovación por falta de fondos”. El tema no es menor, ya que la ANII es una de las principales agencias financiadoras no sólo de proyectos de investigación científica, sino también de becas para que se formen investigadores, tanto en el país como en el extranjero, y administra los fondos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que apoya económicamente a más de 1.700 científicos y científicas.
Por otro lado el miércoles, Eduardo Manta, por la Anciu, Rodrigo Arim, por la Udelar, y Miguel Sierra, por el Conicyt, se reunieron con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y su equipo económico. En el encuentro entregaron a los miembros del Ejecutivo un documento que cuantifica, en pesos contantes y sonantes el impacto del Decreto 90/020 en las distintas instituciones científicas del país, así como el aporte económico que vienen haciendo para enfrentar la covid-19. Mientras los segundos números llenan de orgullo, los primeros inundan de preocupación.
Recortes que comprometen
Dado que el Decreto 90/20 establece un recorte de 15% de los gastos, sin discriminar a quién ni a dónde, el monto varía de acuerdo al presupuesto de cada organismo. Es así que en los cálculos realizados por cada institución científica el decreto impone recortes que superan los cientos de millones de pesos en el caso de la Udelar, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y la ANII (450 millones de pesos, 101,4 millones y 228,8 millones, respectivamente), así como de montos que van desde algunos millones a decenas de millones de pesos en centros como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE, 2,3 millones), el Parque Científico y Tecnológico de Pando (5,1 millones), el Centro Uruguayo de Imageneología Molecular (CUDIM, 20,9 millones) y el Institut Pasteur de Montevideo (24,4 millones).
Si se suman los montos de todas estas instituciones, sin contar a la Udelar, el recorte del Decreto 90/020 asciende a 383,15 millones de pesos anuales. Si a ese monto se le agrega el de la Udelar, entonces el recorte anual a la ciencia sube a 883,15 millones de pesos.
En el documento entregado al Ministerio de Economía, se trasladan estos números a efectos más concretos. El recorte anual a la ciencia impuesto por el decreto equivale al salario de 481 docentes grado 3 con régimen de dedicación total o a 2.660 becas de maestría de la Comisión Académica de Posgrados de la Udelar, o a 2.613 de las becas que la ANII otorga para doctorados nacionales.
Otro dato no menor es que los recortes ‒impuestos en marzo de 2020, antes de que la pandemia llegara a Uruguay‒ se aplican sobre presupuestos anuales que ya estaban ejecución. De esta manera, en el documento se señala que eso “implica en los hechos que el recorte sobre las partidas del segundo semestre sea de mayor envergadura a la de los porcentajes establecidos”. En el informe se detalla luego cómo repercute este recorte en cada institución.
Impactos caso por caso
En el Institut Pasteur de Montevideo, se señala que “el recorte repercute en una disminución de contratos de investigación, ya que no hay margen para recortar presupuesto de otros rubros al punto que permita solventar el déficit anual”. De hecho, el instituto muestra sus números, y en este 2020, con la aplicación del decreto, no sólo habría una disminución en las áreas señaladas, sino que se afectaría la propia viabilidad del centro: el recorte implicaría que el Institut Pasteur de Montevideo cierre el año con un déficit de más de 9,7 millones de pesos. Situación similar se da en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, desde donde dicen que “la aplicación del decreto precipita la desfinanciación del Polo”, y señalan que cerrarían 2020 con un flujo neto de -8,80 millones de pesos.
En la Udelar el recorte de 450 millones de pesos “supondría un riesgo financiero elevado”, ya que en estos momentos la institución “se dispone a culminar importantes obras e inversiones, como son la nueva Facultad de Veterinaria y el laboratorio P3 de Salto”. Sobre ese laboratorio, que dirigirá Rodney Colina, investigador que está al frente del Laboratorio de Virología Molecular de Salto, hay que señalar que será el único con ese nivel de seguridad biológica en el país y que el nivel P3 permite trabajar con patógenos con riesgo elevado para la salud. Según la evaluación de la Udelar, la aplicación del decreto “cuestiona la misma viabilidad de la finalización de las obras” al tiempo que implicará que sean “afectadas diversas actividades de enseñanza, investigación, extensión y asistencial de la salud” de la institución.
El INIA declara que “se ha transmitido que el recorte no se aplicará sobre los montos destinados a sueldos permanentes, pero no se tiene certeza sobre qué monto se aplicaría”. También dicen que “al INIA se le transfiere anualmente menos dinero del que le correspondería por ley”, que “en los últimos años se ha mantenido congelado nominalmente su presupuesto, como es la realidad de la mayoría de las instituciones”, congelamiento que “ha llevado a generar una deuda con el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria (FPTA)” Por todo esto, informan que “este recorte llevaría principalmente a incrementar la deuda con el Fondo”, lo que afectaría principalmente a los instrumentos que se financian con FPTA, “proyectos que se traducen directamente en innovación agropecuaria”.
El CUDIM especifica que 70% de la partida que recibe “se destina a financiar el principal estudio que realiza el centro”, la tomografía por emisión de positrones con tomografía computada (PET-CT), pues señalan “que el pago unitario que el Fondo Nacional de Recursos efectúa no es suficiente para cubrir los costos” del estudio. De esta manera, “el CUDIM subsidia implícitamente este estudio a través de los ingresos de rentas generales”. Dado que no esperan que haya variación en los costos del estudio ni en lo que el Fondo Nacional de Recursos transfiere por ellos en 2020, prevén que “el importe destinado a investigación pase de 25 millones de pesos estimados al inicio de 2020 a cuatro millones de pesos, como resultado de la diferencia entre el gasto destinado a subsidiar el estudio y el total transferido desde Rentas Generales” con el recorte del decreto.
Por su parte el IIBCE estima que el recorte, que afecta “su partida de gastos de inversiones” rondaría los 2,3 millones de pesos. Pero además el instituto reporta que existe otro aspecto del decreto que lo afecta, que es lo “establecido en su artículo cuarto, respecto de la no renovación de vacantes”. En este sentido, señalan que “preocupa particularmente, ya que el IIBCE cuenta en su plantilla con varios investigadores en edad de jubilación” y “de aplicarse la no renovación de vacantes se afectarían de forma directa las capacidades de investigación del Instituto”.
Finalmente, en el documento se señala que el recorte en la ANII “afectaría a la totalidad del presupuesto”, incluido el SNI. Sobre el SNI se afirma que “un recorte en el monto del subsidio generaría una pérdida real del subsidio aún más grande de la ya acumulada por más de una década desde su creación”, y destacan que en “el SNI sólo se puede modificar el monto del incentivo, ya que no se puede afectar la cantidad de subsidios otorgados sin modificar la ley”.
Pocos días antes de los anuncios de recorte de las ventanillas de innovación, confirmados por Caiafa a emisora Del Sol, se sostenía que “el recorte seguramente afectará diferentes fondos concursables de investigación, innovación y becas, que representan una importante fuente de recursos para todo el ecosistema de investigación e innovación del país”. Pero además alertan sobre otro efecto carambola del recorte: “Los fondos destinados a diversos instrumentos que administra la ANII también se verían afectados por recortes en otras instituciones, como es el caso del Fondo Innovagro con los recortes en el INIA”.
Dar y recibir
En el informe entregado por la Anciu, la Udelar y el Conicyt a la ministra de Economía también se realiza una estimación de los gastos que cada institución científica realizó para colaborar con el país en los meses que llevamos de pandemia. La información no figura allí sólo para mostrar cómo la comunidad científica y las instituciones han contribuido a tener al coronavirus bajo control, hecho que a esta altura es reconocido por toda la sociedad, sino que también muestran que los recortes del Decreto 90/020 se aplican en un contexto donde se han hecho gastos extraordinarios redireccionando fondos destinados a otras áreas de los centros de investigación. Si el recorte por el decreto compromete a las instituciones, el recorte ‒cuando se ha puesto dinero (y esfuerzo e intelecto humano no cuantificado) al servicio del país‒ afecta aún más al funcionamiento de las instituciones.
A modo de ejemplo, la Udelar lleva gastados en el trimestre marzo-mayo casi 152 millones de pesos en test de diagnóstico (PCR-TR y serológicos), equipos de desinfección, hisopos, en enseñanza remota y en el Hospital de Clínicas. El Institut Pasteur, por su parte, movilizó 8,2 millones de pesos propios para el diagnóstico por PCR-TR y serológico, el IIBCE más de 1,4 millones en insumos y secuenciación de genomas virales, el INIA más de 9,2 millones en montaje de laboratorios, insumos y equipos, y más de 3,2 millones en el caso del Parque Científico y Tecnológico de Pando para la determinación de la presencia del coronavirus en los sistemas de saneamiento, diagnóstico serológico y otros proyectos. El gasto de todas las instituciones en la lucha contra la covid-19, entre marzo y mayo, asciende a casi 202 millones de pesos, aclarando que “el presente reporte es una subestimación del aporte realizado, principalmente por no contener en los cálculos un gran porcentaje de los salarios de docentes y funcionarios que reorientaron sus actividades producto de la emergencia sanitaria”. Asimismo, la Udelar estima que entre mayo y lo que queda de este 2020 gastará otros 227 millones de pesos.
Como decían en la misiva de junio el Conicyt, la Udelar y la Anciu, “es con más ciencia, y no con menos, que consolidamos el desarrollo del país y enfrentamos las situaciones críticas”. Los números presentados esta semana al gobierno son elocuentes. El anuncio de la ANII enciende la alarma. No buscar la forma de eliminar estos recortes en las instituciones que hacen posible el desarrollo de la ciencia en el país, con los números a la vista, dejará en evidencia que el SARS-CoV-2 no sólo destrozó nuestra economía, sino que encima no hemos aprendido nada.
“Puntos suspensivos”
Tras la entrevista del presidente de la ANII en la emisora Del Sol, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, afirmó que el gobierno debe dar respuesta a las “necesidades más urgentes del país”.
“Estamos en plena discusión de la ley presupuestal y enfrentando una situación que exige sacar punta al lápiz, hacer los números con mucha precisión, cuentas equilibradas y responder a las necesidades más urgentes del país”, afirmó. Mientras se “redefinen algunas prioridades y algunos asignaciones de recursos, se pusieron algunos puntos suspensivos”, indicó. Manifestó que la ANII es “enormemente importante” para el gobierno y recordó, por ejemplo, su rol en la producción de kits de testeos con la llegada de la covid-19 al país.
“De hecho, en la LUC [ley de urgente consideración] le hemos prestado especial atención para que forme parte del proceso para el fortalecimiento del sistema científico-técnico”, dijo, y adelantó que existe un “viejo sueño” de cambiar el nombre de la cartera a Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, en un “marco de revalorización de la actividad científica”.
Por otra parte, destacó la labor de la ANII y dijo que “todo esto está pasando y seguirá pasando porque nada está en revisión. Sólo orden y responsabilidad”, aclaró. “Si el gobierno no es responsable, la única consecuencia será un deterioro muy grave de las cuentas públicas. Cuando el camino se pone un poco difícil, lo que debemos hacer es caminar un poquito más despacio”, concluyó.
En la tarde, la ANII emitió un comunicado en el que aclara que los proyectos en ejecución con contratos vigentes en las áreas de innovación, investigación, formación y emprendimientos “se mantienen en todos sus términos”. Según este documento, el jueves se informó a las personas que están elaborando nuevos proyectos para empresas y emprendimientos que habrá una “medida temporaria que suspende momentáneamente dichas postulaciones, hasta tanto se aprueben las líneas estratégicas y la asignación de nuevos recursos”.