“Uruguay, un país con más superficie marina que terrestre, mira su desarrollo de espalda al mar, ignorando el potencial de la pesca industrial, así como las favorables proyecciones mundiales de conjunto del sector”, comienza diciendo el informe Situación actual, perspectivas y oportunidades para el desarrollo de la industria pesquera nacional, publicado en marzo por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y presentado ante el Parlamento a fines de ese mismo mes.
Allí, tras señalar que el “declive” de la pesca industrial se ve reflejado en “la caída del empleo, bajos niveles de consumo y exportaciones”, señalan que “podría revertirse con un conjunto de medidas que ataquen los escollos internos que obstaculizan el desarrollo sustentable de una actividad de enormes ventajas para hacer asequible una alimentación saludable”. Más allá de que lo inasequible de una alimentación saludable para grandes sectores de la población no está relacionado directamente con la mayor o menor actividad de un sector productivo -alcanza con ver lo que pasa con la carne o los productos lácteos, dos alimentos que forman parte de ese “motor de la economía” y que sin embargo no son todo lo asequibles que deberían ser para los habitantes del país-, sí es notorio que la situación de la pesca en Uruguay está lejos de ser lo que podría.
Los problemas para Ceres
“El trabajo de Ceres, que analiza la realidad de la pesca industrial con estadísticas, cálculos propios, entrevistas en profundidad a actores relevantes y lecturas de documentos oficiales y de publicaciones periódicas, deja al desnudo problemas múltiples”, señala el informe, afirmando que aunque tienen causas distintas “tienen una consecuencia en común: obstaculizan el desarrollo de un sector de excelentes perspectivas mundiales”.
Aclarando que el estudio no aborda ni la pesca artesanal ni la llevado a cabo por “barcos internacionales”, el informe sostiene que “el declive del sector industrial se refleja en la pérdida de días de pesca por tareas de mantenimiento y de reabastecimiento de los barcos probablemente enlentecidas por falta de inversión, regulaciones ineficaces y un clima laboral dañino que hace inocultable las pérdidas de jornada de trabajo ocasionadas por conflictos gremiales”.
Tras señalar que “sólo en 2022 hubo 45 días de huelgas”, sin aportar información al respecto de por qué se tomaron medidas sindicales, el texto sostiene que “cálculos de Ceres muestran que un día sin actividad de un barco costero supone dejar de obtener recursos por unos 11.800 dólares. En caso de que el viaje no se dé, por ejemplo, por una medida sindical, esa cifra treparía a 82.000 dólares”.
Ceres también afirma que “la presión fiscal es también una herramienta que desestimula la inversión” y que según sus análisis la pesca industrial “sufre” -tal la palabra utilizada- “una presión fiscal comparable a la de la ganadería, pero superior a la soja y la lechería”. También sostienen que “en caso de que se aplique el régimen jubilatorio vigente en su plenitud, la presión fiscal del sector casi que se duplicaría, lo que pondría en entredicho la competitividad de una industria esencialmente exportadora”, desnudando entonces que aquello de la alimentación saludable asequible no eran más que palabras en un papel o que, de ser honestas, hablaban de gente de otra parte.
Otro de los inconvenientes que detalla es que “la operativa pesquera se ve claramente afectada por procesos burocráticos lentos, incluso superpuestos o redundantes, por parte de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Prefectura Nacional Naval, organismos que no aprovecharon aún el avance tecnológico significativo que hubo en la órbita del Estado”.
Resumiendo, Ceres afirma que su informe “arroja luz sobre los daños que sufre el sector en términos económicos, reflejándose en múltiples indicadores que muestran magros resultados en producción, exportaciones, consumo interno y que retroalimenta la falta de inversión, acrecienta las variaciones de precios y desalienta la diversificación de la captura de especies, concentrada en dos o tres variedades que ocultan la riqueza de la Zona Común de Pesca” que compartimos con Argentina y que abarca aguas del Río de la Plata y del océano Atlántico.
Pescar más
“El estudio muestra que la pesca industrial tiene el potencial (tomando en cuenta la sustentabilidad ecológica) de más que duplicar su captura actual”, sostiene el propio informe, que por ejemplo señala que en el caso de la merluza, “mientras que la captura puede ser cerca de cinco veces superior, las exportaciones de esta especie podrían aumentar casi diez veces las actuales si se aprovechara el recurso al máximo”.
Según dicen, “el aumento máximo permitido de la captura, con base en los límites especificados” de especies como la merluza, la corvina blanca, la pescadilla y la raya, “haría incrementar las exportaciones en US$ 120 millones”. En ese mundo hipotetizado, ese aumento de la actividad “derivaría en la creación de más de 2.000 puestos de trabajo y generaría un aumento de la masa salarial de US$ 5,4 millones al año”.
“Para alcanzarlo, se proponen acciones para disminuir la alta conflictividad laboral, generar condiciones para aumentar la inversión y lograr cambios en la regulación que entorpecen el desenvolvimiento de un sector con el potencial de impulsar el empleo en personas de baja calificación que con preparación específica tienen grandes oportunidades de desarrollarse”, dice el informe.
Entre sus recomendaciones hay medidas que van dirigidas a distintos sectores, desde “posibilitar acuerdos creíbles entre trabajadores y empresas con el objetivo de evitar los altos niveles de conflictividad” y la necesidad de imponer “cambios en las relaciones laborales y asegurar el cumplimiento de los convenios por ambas partes”, hasta “expandir la flota de barcos de investigación uruguaya. Es necesario adquirir más barcos de investigación para reducir la dependencia con Argentina y facilitar la investigación nacional dentro del sector”, pasando por “eliminar la incertidumbre asociada al régimen de aportes patronales y servicios bonificados que deben realizar las empresas del sector” y por la creación de “un Instituto Nacional de Pesca”.
El informe de Ceres hace un diagnóstico de la situación de la pesca y propone algunos caminos. No son los únicos posibles, claro está. Ni hay que estar de acuerdo ni en todo lo que afirma, proyecta o estima. Pero ya que el informe está allí, mal haríamos en no aprovecharlo y, de forma plural y participativa, ver qué queremos hacer con la pesca. En otra nota dos investigadores hacen sus aportes para que seamos un poco más cautos a la hora de pensar qué tanto podría pescarse o cómo evaluamos un recurso biológico que no está allí para hacer con él lo que se nos ocurra. La discusión sobre este y otros aspectos de la pesca puede ser tan rica como la biodiversidad de nuestras aguas o tan pobre como lo que invertimos en investigar sobre ella.
Informe: Situación actual, perspectivas y oportunidades para el desarrollo de la industria pesquera nacional
Autores: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.