Uruguay y su agua: estudio revela incoherencias entre políticas agrícolas, ambientales e hídricas

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Es cierto que en esta sección no solemos hacer notas sobre ciencia política. Hay una razón bastante sencilla: la disciplina queda abarcada en otras secciones del diario llevadas adelante por compañeros y compañeras que manejan el tema con mayor competencia. Tal es así que a la hora de buscar una definición sobre la política, el primer instinto fue consultar un diccionario. He aquí la definición que arrojó: “conflicto de intereses disfrazados de lucha de principios”. La otra definición propuesta es “manejo de los intereses públicos en provecho privado”. Ambas funcionan para introducirnos al tema de la investigación que nos convoca. Pero claro, luego de ver que el autor de esa definición es Ambrose Bierce y que su Diccionario del Diablo es un clásico del humor de todos los tiempos, el reflejo es quitar la cita. Sin embargo, calza tan bien con lo que sigue, que ahí quedó.

Si la política administra tensiones entre distintos grupos de interés y de poder, cuando se trata de temas ambientales esos chisporroteos suelen quedar en evidencia de forma más rápida que en otros asuntos. Por lo general se presenta una falsa dicotomía: o producir o cuidar el ambiente. Cierto es que hay quienes piensan que no se puede producir sin afectar negativamente al ambiente, como hay quienes sostienen que para preservarlo no se puede producir absolutamente nada en él. En el medio hay un degradé de visiones y de gente bienintencionada que busca producir con el mínimo impacto ambiental posible o preservar los ecosistemas sin impedir que sean fuente de desarrollo humano y económico para las sociedades. Promover la visión excluyente, la de uno u otro, es justamente una operación política.

Los argumentos de los fundamentalistas proproducción y de los conservacionistas a ultranza, así como la forma en que se imponen en la sociedad o resuelven sus conflictos, no son el tema que aborda la investigación que nos convoca. Titulado algo así como “La incoherencia es, de cierta manera, una elección”: la producción de coherencia política en la intersección de las políticas agrícolas, ambientales e hídricas de Uruguay, el trabajo nos propone algo distinto.

¿Las políticas ambientales, agropecuarias e hídricas de Uruguay tienen objetivos que son coherentes entre sí, en el sentido de que es posible lograrlos en un campo sin impedir que se logren en los otros dos? ¿Cómo percibe esa coherencia (o su falta) el personal técnico que trabaja en organismos que conciben y llevan a la práctica esas políticas, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) o el de Ambiente, u OSE? ¿Cómo resuelve estas fricciones el discurso político, ya sea en normativas o incluso en un programa de gobierno presentado durante la campaña electoral? ¿Hay un discurso dominante que incline la balanza hacia alguno de estos tres sectores, agro, agua y ambiente?

De todo eso habla el artículo firmado por Simon Ryfisch, Paula Díez-Boldú y Malgorzata Blicharska, de la sección Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Uppsala, Suecia; Tamara Avellán, del Instituto Universitario de las Naciones Unidas sobre Estudios Comparados de Integración Regional, Bélgica; Carlos Santos, José Sciandro y Manuel Vázquez, del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del Centro Universitario Regional del Este (CURE, Maldonado) de la Universidad de la República; y Mariana Meerhoff, del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE Maldonado. ¿Eh? Deben de estar pensando si leyeron bien. ¿Qué hacen autores de Europa analizando las políticas hídricas de Uruguay o, más llamativo tal vez, el programa que presentó el Frente Amplio (FA) en las elecciones de 2024?

Están sumando conocimiento para sus trayectorias académicas (el proyecto forma parte del doctorado que el alemán Simon Ryfisch está haciendo en Suecia bajo la tutela de Malgorzata Blicharska). Pero, por otro lado, si bien la ciencia siempre procura ser objetiva y extraer conclusiones a partir de los datos y la evidencia y no de los preconceptos de quienes investigan, que este análisis sea parte de un trabajo internacional lo pone en cierta medida a resguardo del fuego cruzado de quien está en medio de esas tensiones en nuestro país, de la mirada de quién dice qué y cómo torcerle la mano, y de los ciclos electorales. Y eso sin caer en el colonialismo científico: trabajaron codo a codo con investigadores de nuestro país, hicieron talleres y encuentros aquí y se leyeron toda nuestra normativa ambiental, agropecuaria y de aguas. No es otro caso del Norte global diciéndole al pequeño Sur cómo deberían ser sus políticas.

Así que, como ganamos todos, salimos ya al encuentro de Simon Ryfisch, que para nuestra fortuna habla perfecto español por haber estado hace años un tiempo en Perú, y de Mariana Meerhoff, ecóloga destacada de nuestro país y con quien ya nos hemos deleitado con su trabajo en charcología, que terminó haciendo posible este que abordamos ahora.

Tajamares, charcos productivos también para la colaboración científica

¿Cómo surge este trabajo que reúne gente que viene trabajando en temas socioambientales en Uruguay, como Carlos Santos, José Sciandro y Manuel Vázquez, y que a la vez incorpora la mirada de gente de afuera totalmente ajena a los tires y aflojes de nuestra política?

“Si bien soy alemán, estoy haciendo mi doctorado en Suecia. Mi tema es el análisis de las políticas hídricas. Estaba enfocándome en los tajamares en Uruguay a través de un proyecto internacional en el que también está Mariana, donde comparamos las políticas de varios países sobre el uso de charcos y pequeños lagos como soluciones basadas en la naturaleza, y ante su propuesta de tomar Uruguay como un caso de estudio, le dije que tal vez sería interesante hablar sobre la situación general en Uruguay, sobre cuáles son las interacciones entre las políticas del sector agropecuario, ambiental y del agua”, dice Simon Ryfisch. El lugar donde se dio esa conversación germinal para esta investigación no podía ser más uruguayo: “Fue en un asadito luego del primer taller sobre tajamares para el proyecto anterior”, cuenta Mariana Meerhoff.

“Si bien puede tener valor aportar desde mi lugar una perspectiva de afuera, para mí era importante colaborar con gente en Uruguay, porque ellos saben mucho mejor que yo cuál es la situación en Uruguay, cuáles son los actores más importantes. Tenía un poco de miedo de que mi análisis no reflejara la realidad de la situación en Uruguay. Por eso formamos este equipo de gente en Suecia y en Uruguay, pero también de diferentes disciplinas”, remarca Simon.

Allí están, por ejemplo, Carlos Santos, antropólogo especializado en temas ambientales, la propia Mariana, que se dedica a la ecología y, dentro de ella, a la limnología, y José Sciandro, que es abogado ambiental. “Armamos un equipo en el que hay un experto en leyes, un experto en movimientos sociales, la que sabe algo de agua y Simon y Malgorzata, que son los cientistas políticos. Todos compartimos una preocupación, pero llegamos al tema desde distintos lados”, sintetiza Mariana.

“El origen de este trabajo fue el proyecto internacional Ponderful, que en Uruguay propusimos que se centrara en los tajamares porque veíamos que están tanto en un vacío de conocimiento ecológico como en un vacío legal y de monitoreo”, dice Mariana. El tema es relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que estima que hoy hay en nuestro país unos 170.000 tajamares.

“Los tajamares son un ejemplo de esa interacción entre los mundos del agro, del ambiente y del agua”, dice Mariana. “Cada uno de esos mundos tiene su cuerpo de políticas, leyes, normativas e instrumentos para aplicar sus respectivas políticas. Entonces a partir de los tajamares nos propusimos ir más allá y analizar cómo dialogan esas políticas y normativas”, señala, y agrega que algo “bien novedoso” del trabajo fue no solo hacer “el análisis de lo que está escrito, lo que quieren decir los textos”, sino también “ver cómo eso es percibido por quienes tienen que aplicarlos”. “De ese análisis doble surgen los resultados que encontramos”, afirma.

Así que los tajamares, charcos construidos con fines productivos, fueron productivos también para propiciar esta cooperación científica.

Leyendo leyes

Para analizar qué tan coherentes eran las políticas hídricas, agropecuarias y ambientales entre sí fue necesario relevar toda la normativa, tarea para la que el abogado ambiental José Sciandro fue pieza clave. “Hizo un trabajo monumental al listar toda la normativa en Uruguay que tuviera relación con el agua, el agro y el ambiente”, comenta Mariana sobre la casi centena de textos reunidos, que iban desde la Constitución hasta los últimos decretos y planes nacionales vigentes hoy en día.

En el trabajo, por ejemplo, reportan que analizaron el Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, aprobado en 2018, el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, aprobado en 2019, el Plan Nacional de Aguas, de 2017, y la Ley de Riego con destino agrario, del mismo año.

“Simon nos hizo notar lo interesante que resultaba que casi en simultáneo hayan sido aprobados planes nacionales que en apariencia son coherentes, o que podrían ser coherentes entre sí, y luego vemos que en la práctica no lo son tanto”, dice Mariana a modo de adelanto del trabajo de análisis.

¿Dónde está la noticia de que haya incoherencias?

Les cuento que cuando le anuncié a un compañero fotógrafo del diario que esta nota trataría sobre un estudio que encontró incoherencias entre discursos y políticas ambientales, agropecuarias e hídricas, y lo que se hace realmente en la práctica, me retrucó bromeando que cuál era la noticia. Simon ríe.

“Creo que tal vez la noticia más importante es que la gente del sector agropecuario, por ejemplo, piensa que las políticas, no solamente en papel, sino en la realidad, son coherentes”, comenta. “La noticia en nuestra investigación es que las perspectivas son muy diferentes entre los diferentes sectores. Por otro lado, sí pudimos ver, desde nuestra metodología, que son incoherentes algunos puntos de esas políticas y lo que realmente sucede, dado que teníamos acceso a mucha literatura e investigaciones previas que describen el estado de los recursos hídricos y de los ecosistemas en Uruguay”, agrega Simon.

“Nuestro argumento es que esas políticas contienen conceptos vagos como la gestión integrada de los recursos hídricos y la sostenibilidad, que suenan muy bien pero en realidad no dicen nada, porque lo importante es su aplicación”, agrega Simon. “Sin embargo, esos conceptos vagos son suficientes para que gente del sector agropecuario, por ejemplo, tenga la opinión de que las políticas son coherentes. Tal vez ese sea el framing más interesante”, dice. Así que si ahora tuviera que defender este nota ante mi compañero fotógrafo, le diría que va por ahí.

“Es verdad que estamos acostumbrados a que haya una incoherencia entre una cosa y otra. Pero en este trabajo, de una manera objetiva y rigurosa, se desmenuza dónde están esas incoherencias. Porque podría estar desde la letra, podría ser que hubiera un choque ya desde lo que se dice, o podrías tener discursos, o normativas, o políticas que dicen que tienen objetivos diferentes, que están explicitados, y después en la práctica ocurren otras cosas. Lo que aquí vemos es que hay una apariencia de coherencia que está dada por esa vaguedad de los objetivos, que gente como Simon y Malgorzata, que son los expertos, detectaron muy claramente”, remarca Mariana.

“De repente, como ecóloga, veo que cuando se ponen términos técnicos que antes no estaban, como el concepto de ‘caudales ambientales’ en el decreto de la Ley de Riego, celebro que por fin un concepto que es técnicamente muy pesado se ponga en una normativa que promueve la explotación agropecuaria del agua. Como figura ese concepto, uno siente que hay un esfuerzo o un intento de darle más peso a la parte ambiental”, dice, haciendo cierta autocrítica. “Pero cuando empezás a hacer el análisis, salta lo vago que es el término. Entonces ese término, que para quien está en ecología quiere decir algo muy concreto, da la tranquilidad de que ya se cumple con ciertas cuestiones ambientales, porque es un paraguas que habilita, o habilitaría si se implementara a fondo, la protección de los ecosistemas. Pero en el sector agropecuario el concepto de caudal ambiental se ve como un corsé, como una limitación. Y luego vemos que en la práctica, al no implementarse, se termina avalando el statu quo proagro. Es una cosa que quienes estamos en esto vemos cotidianamente, pero cuando se hace este ejercicio del análisis desde el texto a cómo lo perciben los distintos actores, ahí ves que quienes tienen que tomar las decisiones tienen visiones o sentimientos bien diferentes de cómo son las cosas, y eso realmente fue súper interesante”, afirma Mariana.

Vayamos entonces a lo que vieron.

Incoherencias percibidas

Para indagar sobre qué tan coherentes se percibían los objetivos de las políticas hídricas, de agua y ambientales, hicieron un listado depurado basado en 29 políticas de 14 objetivos (tres transversales referidos al “bienestar humano”, dos al ambiente, uno transversal al cambio climático, cuatro referidos al agua y al suelo y cuatro a la agricultura). Por ejemplo, un objetivo sobre el bienestar humano es el de “garantizar una calidad de vida digna para todos, mediante el acceso y uso equitativo y democrático de los recursos naturales”, mientras que uno del agua fue el de “conservar la calidad y cantidad del agua, especialmente en las cuencas fluviales y los acuíferos”, uno del ambiente fue “conservar el medio ambiente previniendo la degradación, rehabilitando las zonas degradadas y preservando los ecosistemas y la biodiversidad” y uno del agro fue “promover el uso eficiente y el acceso al agua para riego, preferentemente con base en soluciones multiprediales y colectivas”.

Tras listar estos 14 objetivos contactaron a 100 técnicos de los sectores del agua, el agro y el ambiente, entre otros de la Dirección de Recursos Naturales y de la de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de OSE, de varias direcciones del Ministerio de Ambiente y también de varias direcciones de intendencias, para que puntuaran qué tan coherentes veían cada uno de esos objetivos respecto de los otros 13. Puntajes positivos hasta el 3 mostraban distintos grados de coherencia (3 implicaba “la concreción de los objetivos está profundamente entrelazada” y 1 “la concreción del objetivo crea condiciones favorables para el otro”), mientras que los puntajes entre -1 y -3 indicaban incoherencia (-3 implicaba “la concreción del objetivo hace imposible concretar el otro, -2 que estaban “en conflicto” y -1 que “la concreción de un objetivo limita las posibilidades de concretar el otro”). 21 técnicos de los tres sectores contestaron la encuesta y fueron invitados a participar en talleres para discutir los resultados. Las conversaciones en esos talleres fueron usadas además para analizar los discursos.

El principal resultado de estos talleres con técnicos, donde se compartieron los datos de la encuesta previamente realizada, es que había un consenso bastante generalizado en el que había coherencia entre los objetivos de casi todas las normativas, leyes y decretos. Salvo una excepción...

“Encontramos, en promedio, una incoherencia percibida entre el objetivo de incrementar la producción agrícola y una serie de objetivos centrados en el acceso público al agua, la protección del medioambiente y la conservación de la calidad y la cantidad del agua, y los ecosistemas acuáticos”, reporta el trabajo. El resultado general, y también en cada uno de los tres sectores, es que ese objetivo estaba “en conflicto” con algunos objetivos referidos al agua, su calidad y acceso para el consumo y goce de la población.

En concreto, con una puntuación de -2, equivalente a “que los objetivos están en conflicto”, el objetivo de aumentar la producción agropecuaria colisionó con el objetivo de política de “garantizar el acceso universal y adecuado al agua potable y al saneamiento, priorizando las necesidades sociales sobre las económicas”, “gestionar los ecosistemas y paisajes, preservando la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura”, “conservar el medioambiente previniendo la degradación, rehabilitando las zonas degradadas y preservando los ecosistemas y la biodiversidad”, “conservar la calidad y cantidad del agua, en particular en las cuencas fluviales y los acuíferos” y “mantener la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, asegurando los servicios ecosistémicos”. Sin embargo, en el trabajo señalan que esto es un promedio y, salvo en el primer caso (“garantizar el acceso universal y adecuado al agua potable y al saneamiento, priorizando las necesidades sociales sobre las económicas”), en el resto hubo una gran dispersión en la puntuación, lo que muestra que no todos los sectores tenían la misma percepción.

“Emergió con claridad la identificación del objetivo de fomentar la producción agropecuaria como el centro del conflicto. Todos detectaron que ahí estaba la gran contradicción, y esa convergencia es relevante, pero fue marcada en mucho menor medida por los técnicos del sector agro”, comenta Mariana. Y ese es otro resultado a destacar: el trabajo reporta que encontraron “diferencias en las percepciones entre los sectores”.

Al ver qué pasó en cada sector, el trabajo señala que en el agrícola “evaluaron la coherencia de los objetivos de las políticas de forma más positiva que sus homólogos del sector ambiental e hídrico o no observaron interacciones significativas entre ellos”. Por su parte, los “encuestados del sector ambiental mostraron una visión más negativa de las interacciones de la mayoría de los objetivos con el de aumentar la productividad agrícola”.

“Los técnicos del agro también vieron que el objetivo de producir más era posiblemente contradictorio, pero no fue unánime”, dice Mariana. “En los sectores del agua y del ambiente, ese objetivo en particular era incompatible también con otros”, agrega. Sobre la unanimidad respecto de que ese era el principal conflicto, Mariana reflexiona: “Para mí, era un resultado esperable, pero yo vengo del mundo del ambiente, donde esa contradicción siempre ha sido más obvia. Pero verlo así, emergiendo de estos tres sectores de técnicos, totalmente dispersos en distintos organismos, y que haya esa convergencia, me parece que demuestra claramente dónde está el meollo de la cosa, dónde es que todos nuestros planes y nuestras políticas hacen agua. Ahí está la madre de todos estos conflictos y problemas de esta cadena de objetivos que atraviesan transversalmente todos los planes y políticas”, añade.

Analizando el discurso político

Para el análisis del discurso político recurrieron tanto a dos normativas como a fragmentos de las discusiones dadas en los talleres y al programa del FA, partido que resultó ganador de las elecciones mientras realizaban el trabajo, buscando ver el “marco de las cuestiones agrícolas, ambientales y del agua y su relación entre sí”.

En concreto, analizaron los decretos de la Ley de Riego con Destino Agrario de 2017 y 2018, y el Plan Nacional de Aguas de 2017. Al respecto señalan en el trabajo que “fueron desarrolladas y lideradas por dos ministerios diferentes”, una por el MGAP y la otra por el Ministerio de Ambiente, “antes Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, y que si bien son políticas “que se desarrollaron simultáneamente”, lo hicieron “en gran medida de forma independiente, lo que probablemente constituye un ejemplo útil de las diferentes tradiciones y valores institucionales de los respectivos ministerios”. A eso sumaron “el análisis del discurso de las grabaciones de los talleres y el programa electoral del FA”, agregan.

Aclaremos aquí algunos conceptos. Dejan constancia de que entienden los discursos políticos como “argumentos recurrentes, coherentes y teleológicos que sustentan o están contenidos en las políticas”, y marcan que estos “se basan en presunciones sobre objetivos (es decir, el estado hacia el cual una sociedad debería evolucionar) y una evaluación de las circunstancias (es decir, la situación actual)”. Luego dicen que “tanto los objetivos como la comprensión de las circunstancias existentes expresan valores subyacentes e informan sobre las acciones necesarias para cambiar o mantener las circunstancias y alcanzar un objetivo establecido”. De esta manera, cada discurso fue analizado buscando esos cuatro ingredientes básicos: acciones y/o instrumentos, metas u objetivos de política, circunstancias y valores.

Me da curiosidad ver cómo se sintió Simon al leer un programa de gobierno de otro país sin estar involucrado como cualquiera de nosotros en lo que dice y propone. Uno nunca leyó un programa de gobierno alemán, pero aquí suelen incluir frases como “promover la producción sostenible”, o “adaptarse al cambio climático”, consignas sobre las que nadie estaría en contra pero que, a su vez, no implican nada concreto.

Simon, sin la presión de vivir aquí, habla con toda sinceridad: “Creo que se puede ver en el programa que el FA es una coalición, como dice el nombre, muy amplia. Quieren reconciliar muchas opiniones diversas, y por eso tal vez algunas propuestas son tan vagas”. Luego explica por qué analizar el programa del FA.

“La motivación de incluir el programa en el análisis viene porque era una elección luego de la sequía de 2022 y 2023. Según dice la literatura del análisis del discurso, a veces esas experiencias tan significativas hacen que el discurso cambie mucho, por lo que teníamos interés en comparar el discurso del programa del FA con las dos políticas marco que incluimos, que se habían aprobado en 2017 y 2018, antes de la sequía”, señala. Y hay otro dato relevante: esas políticas fueron aprobadas durante el anterior gobierno del FA, en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

“En realidad en el programa no hemos visto un cambio de discurso muy significativo. Hay fragmentos del discurso contrahegemónico, pero sobre todo el programa muestra todavía un discurso que está influido por los valores del sector agropecuario y que forma parte del discurso hegemónico”, dice Simon.

En el trabajo reportan que al analizar el discurso emergen “dos argumentos discursivos”. A uno lo califican de “discurso hegemónico” y dicen que se “articula en las políticas evaluadas, en gran parte del programa del FA y por la mayoría de los participantes del taller del sector agrícola”. También reportan que ese discurso que domina “se desprende de la lógica de que, para alcanzar la sostenibilidad y modernizarse, Uruguay necesita un marco legal e institucional revisado que facilite la producción, garantizando al mismo tiempo un mínimo de salvaguardias ambientales”.

Sin embargo, dicen que “si bien el argumento discursivo representa tanto elementos de sostenibilidad ‘fuerte’ como ‘débil’”, y definen la fuerte como aquella que “sostiene que parte del capital natural es irreemplazable, ya que la integridad de los procesos ecológicos es fundamental”, y la sostenibilidad débil como aquella en la que “el capital creado por el ser humano puede sustituir” parte de ese capital natural, manifiestan que solo las iniciativas que abarcan la sostenibilidad débil “son las que se traducen a la realidad, mientras que las salvaguardias ambientales, probablemente de forma deliberada, apenas se aplican”. Tras eso, afirman que sus resultados marcan “una escisión parcial entre lo que se produce discursivamente y lo que se practica realmente”.

Mientras el discurso hegemónico apunta a la producción sostenible, la intensificación sustentable y otras acrobacias retóricas, el discurso contrahegemónico, reportan, cuestiona la posibilidad de salvaguardas del ambiente si se mantiene el esquema actual de producción: “El argumento discursivo contrahegemónico, presentado por los participantes del taller, principalmente del sector ambiental y del agua, así como en pequeñas partes del programa del FA, sigue la lógica de que las prácticas agrícolas impulsan la inseguridad hídrica y, sin un cambio cultural, cabe esperar una exacerbación del problema”, dice la publicación. Agregan que “los puntos polémicos giran en torno a la interacción entre los objetivos de la producción agrícola y la promoción de la infraestructura de abastecimiento de agua (principalmente riego) y los objetivos relacionados con la seguridad ambiental e hídrica”.

Concordando con el adagio popular que define la locura como el intento de obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas de siempre, el discurso contrahegemónico propone cambios de pisada que chocan con quienes sostienen el otro discurso. Por ejemplo, mediante la promoción de la agroecología, algo que se recoge en el programa del FA y en algunas normativas, pero que en la práctica no se impulsa con el entusiasmo, el apoyo y los recursos que cabría esperar. Es que, claro está, estar del lado contrahegemónico es estar en minoría. El discurso hegemónico es el que termina incidiendo en las políticas que se terminan aplicando.

“Nuestro argumento es que la inclusión, por ejemplo de los caudales ambientales en la Ley de Riego, no es una coincidencia. Es una manera de cubrir las tensiones y la incoherencia entre las políticas, silenciando o haciendo feliz a la oposición”, lanza Simon.

“Se puede decir lo mismo de los elementos del discurso contrahegemónico en el programa de FA, como las prácticas agroecológicas, que si bien están escritas entre las políticas a promover, realmente no están apoyadas, por ejemplo, con financiamiento”, amplía. “Nosotros argumentamos que tal vez esto no sea coincidencia, sino algo sistemático. Se incluyen en las políticas elementos de los dos discursos, pero se promueven solamente los productivistas del discurso hegemónico. Los del discurso contrahegemónico parecen estar allí solamente para silenciar a la oposición, incluso a la oposición interna, es decir, para silenciar la diversidad dentro de la coalición de izquierda”, declara.

“Al incluir esos puntos, dejan satisfecho, en principio, a ese rango de izquierdas diferentes o de centroizquierdas que están dentro del FA. A mí me pareció formidable que Simon lo pudiera ver desde afuera, tanto desde afuera como cientista político, es decir, desde afuera de lo que es mi forma de entender las cosas como ecóloga, y luego, siendo europeo, no teniendo la vivencia de lo que son los partidos políticos en Uruguay”, señala Mariana.

Citando a un participante

Les pregunto cómo fue la decisión de poner en el título del artículo esta cita de uno de los participantes de los talleres: que “la incoherencia es, de cierta manera, una elección”.

“Esa frase es para mí una respuesta a la literatura sobre la coherencia política. Muchas veces se habla de coherencia como algo objetivo, que es un estado óptimo que se puede obtener y que genera sinergias entre los diferentes sectores. Pero en realidad, como hemos visto, ser coherente o incoherente es muchas veces una decisión política”, comenta Simon. “Y dado que la percepción de esa coherencia o incoherencia depende de la perspectiva de cada persona, y por eso es algo muy subjetivo, para mí era importante incluir en el título algo que directamente hubieran dicho las personas que participaron en el taller”, explica sobre su motivación para incluirla en el título.

“Me pareció fabulosa la propuesta de Simon de ponerla en el título, porque esa frasecita encapsula todo, desde el enfoque conceptual hasta los resultados”, dice Mariana. “Sí, es como un resumen del artículo”, concuerda Simon.

¿Y entonces?

Si bien las disciplinas de ambos son distintas, cuando se trabaja en políticas públicas o en el ambiente, las investigaciones tienen un profundo afán de que lo reportado sirva para mejorar o cambiar algo. Nadie estudia que un río está eutrofizado y se va para la casa esperando que en los próximos años siga igual o peor de lo que estaba. Nadie estudia incoherencias respecto de las políticas hídricas y se contenta con reportarlo. Así que les pregunto qué les gustaría que pasara a partir de la publicación de este artículo.

“Para mí, para la gente que está sosteniendo el discurso contrahegemónico, este trabajo es como munición. Con nuestro artículo pueden demostrar que mantener la incoherencia, como la coherencia, es una estrategia, así como lo es sostener que estamos en un estado coherente cuando no lo estamos”, contesta Simon.

“Esto que plantea Simon no lo había pensado así, pero sí, el trabajo, de alguna manera, le da un apoyo formal y riguroso a la gente que denuncia estas cosas”, remarca Mariana. “De cierta manera esto pone en negro sobre blanco que hay un discurso que es solo eso, un discurso. Y que en realidad no se apoya, no se tiene instrumentos concretos ni intenciones de hacer algo diferente. Eso me parece que ayuda a empoderar a quienes, incluso desde adentro, quieren hacer las cosas distinto. Por ejemplo, ya no es de recibo que simplemente se diga que se va a apoyar a la agroecología. Ahora hay que apoyarla con recursos y acciones, porque es claro que con la letra no alcanza por estas incoherencias de las que habla el trabajo”, redondea.

El trabajo hace otro aporte importante. Al reflexionar sobre las distintas percepciones de los técnicos de distintos sectores, queda clara una cosa relevante para cualquier problemática que involucre a más de una persona: el otro puede no estar viendo el problema que uno ve. Y si no lo hace, difícilmente podamos convencerlo o sumar su voluntad para generar un cambio. ¿Qué tan naturalizado tiene ese otro u otra este discurso hegemónico donde el agua es, antes que nada, un recurso para la producción (y que resuelta la producción, todo lo demás se resolverá por derrame, gracia del mercado, méritos propios o políticas redistributivas tibias o enfáticas)?

“Sí, tenés un sector que no ve el problema. Para ellos ya está todo casi resuelto, no ven incoherencia entre las políticas y objetivos productivos, ambientales y del agua. Muchos técnicos que están todo el día tomando decisiones en el sector agropecuario, y gran parte de los políticos, no ven que hay una contradicción, y si la ven es mínima. Incluso hay quienes creen que ya se alcanzó el techo para la sustentabilidad que conciben”, comenta Mariana. “Y del otro lado, vemos que hay una necesidad de llenar vacíos, de eliminar inconsistencias, de financiar herramientas que hoy existen en el papel, pero que no están siendo aplicadas aún, o no con la magnitud con que deberían. Tenés un sector que está, de alguna manera, demandando ponerles carne a estos titulares y otro que no. Y el que no lo quiere hacer porque no ve la necesidad, no es porque necesariamente se esté oponiendo a un cambio en la normativa, sino que le parece que ya está todo bien”, desliza.

“Darnos cuenta de eso a mí también, como ecóloga profesional, me ayuda. Y también me ayuda como ambientalista militante. Tenemos un tema, y es que percibimos las cosas de manera muy diferente”, reconoce Mariana. “Entonces, si realmente queremos ser más coherentes, pensemos qué sentido les vamos a dar a los términos de sustentabilidad, al agua como derecho humano, a un ambiente sano como derecho humano, que son cosas que están en nuestra Constitución. Si realmente queremos que eso sea coherente, entonces blanqueemos la situación y actuemos en consecuencia. Creo que este trabajo nos ayuda a eso, a poner arriba de la mesa que estamos viendo el tema claramente de forma distinta”, redondea Mariana.

“Lo bueno del trabajo es que explicita esas tensiones de una manera objetiva, clara y despersonalizada. Ya no es Fulano que piensa una cosa contra Mengano del otro ministerio, no es una organización de la sociedad civil que le pone ‘palos en la rueda al progreso’, no es la ONG que se opone a tal o cual emprendimiento, no es un partido contra el otro ni la academia contra el sector político. Acá ofrecemos un análisis desde la ciencia política que está mostrando claramente esas contradicciones. Eso me parece que ayuda, o debería ayudar, a trascender los personalismos, las opiniones de grupos sectoriales. Creo que eso nos empodera como sociedad, porque les da apoyo sólido a distintos actores que quieren cambiar las cosas”, dice Mariana.

“Ojalá contribuya también a tratar con más respeto a las distintas visiones que coexisten, a no ningunear al que plantea otra visión. Supongo que pasa en todo el mundo, pero acá en Uruguay, con eso de que nos conocemos todos, es muy fácil caer en la descalificación personal cuando hay alguien que opina distinto. Este trabajo me parece que ayuda a que no vaya por ahí el debate. Es la expectativa”, dice entonces Mariana dando un cierre a esta nota y haciéndonos decir, una vez más, que qué maravillosa es la ciencia no solo para entender el mundo en que vivimos, sino para invitarnos a pensar aquel en que podríamos estar viviendo.

Artículo: ‘Incoherence Is, in a Way, a Choice’: The Production of Policy Coherence at the Intersection of Uruguay's Agricultural, Environmental and Water Policies
Publicación: Environmental Policy and Governance (febrero de 2026)
Autores: Simon Ryfisch, Paula Díez, Tamara Avellán, Carlos Santos, José Sciandro, Manuel Vázquez, Malgorzata Blicharska y Mariana Meerhoff.

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