El miércoles 22 la jueza Letrada de 4° turno de Colonia del Sacramento, Dahiana da Costa Leites, condenó a una pena de ocho de prisión a un hombre de 27 años por continuados delitos de abuso sexual a un hermano suyo, que comenzaron cuando la víctima, que hoy tiene 18, tenía cuatro años. Además, la jueza condenó por reiterados delitos de omisión continuada a los deberes inherentes a la patria potestad a la madre de ambos.
Esta investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia anónima a la línea azul (0800 5050) del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que recibe denuncias anónimas relacionadas a la vulneración de derechos de los menores de edad. La abogada defensora de la víctima, Agustina Durquet, relató a la diaria que “la denuncia anónima realizada por un tercero daba cuenta del abuso a un menor, desde que tenía uso de razón, por parte de un integrante de su familia”.
“INAU intervino con equipo de psicólogos y trabajadores sociales, toma contacto con parte de esa familia, y el resultado de eso determina que realice un informe que es derivado al juzgado y a la fiscalía”.
La investigación tuvo idas y vueltas debido a “las trancas” aplicadas por la familia de la víctima y del acusado. “Hubo circunstancias externas que provocaron la paralización, porque parte de la familia no quería que se avanzara en la investigación, hasta que en determinado momento la víctima decide hablar y pide ser escuchada, por lo cual el menor declara. Luego de terminar toda la investigación, se logran los elementos suficientes por parte de fiscalía para pedir la formalización de dos personas: una por delitos reiterados de abuso sexual especialmente agravados, y la otra persona [la madre de la víctima y el victimario] fue formalizada por un delito continuado de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.
La fiscal Eliana Travers, quien estuvo al frente de la fiscalía de Colonia hasta hace un par de meses, y la defensa del menor habían solicitado “medidas cautelares, ya que había posibilidades de que la investigación se frustrara en relación a testigos y personas vinculadas al imputado”. No obstante, en febrero de este año el juez Letrado de Colonia “deniega la prisión preventiva”. Frente a esa resolución, “tanto la fiscalía como la defensa de la víctima presentamos un recurso de apelación, no a la sentencia sino a la falta de prisión preventiva, y el Tribunal de Apelaciones entendió que teníamos razón, que estaban todos los elementos dados para una prisión preventiva”, valoró Durquet.
Así las cosas, el imputado, de 27 años, debió aguardar en prisión preventiva el proceso que culminó esta semana.
La condena
Durquet explicó a la diaria que en los últimos días se generó un acuerdo entre la actual fiscal Letrada de Colonia, Alejandra Domínguez, los imputados y los abogados defensores para la realización de un proceso abreviado, que implicó “una confesión de los hechos por parte de los imputados”. Tras la confesión de los delitos, la jueza Da Costa Leites dictó condena de ocho años de prisión efectiva para el abusador y de ocho meses de prisión en suspenso para la madre de ambos.
El victimario fue condenado como autor penalmente responsable por delitos reiterados de abuso sexual especialmente agravados a una condena de ocho años de penitenciaría de cumplimiento efectivo y a las penas accesorias previstas por la ley, que son: una reparación patrimonial a la víctima y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, salud y toda aquella que implique trato con niños, niñas, adolescentes y con personas en situación de dependencia durante diez años, detalló Durquet.
En tanto, a la madre de ambos la condenaron por delitos de omisión continuada de los deberes inherentes a la patria potestad a una pena de prisión de ocho meses, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba, con fijación de domicilio, presentación en la seccional del domicilio una vez por semana, y servicios comunitarios de dos horas semanales durante ocho meses.
“Lo importante de este fallo para la víctima es el sentimiento de que se hizo justicia, hay conformidad con la determinación judicial. Fue muy importante para él que hubiera una confesión de los hechos, aunque nunca habrá una reparación para las víctimas de este tipo de delitos”, concluyó la abogada defensora.